18.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/1

(1)

En el artículo 169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se establece que la Unión debe contribuir a lograr un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en virtud del artículo 114 del TFUE. En el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se dispone que en las políticas de la Unión ha de garantizarse un nivel elevado de protección de los consumidores.

(2)

Con arreglo al artículo 26, apartado 2, del TFUE, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que está garantizada la libre circulación de mercancías y servicios. Para que los consumidores tengan confianza en la dimensión digital del mercado interior y se beneficien de ella es necesario que tengan acceso a formas sencillas, eficientes, rápidas y asequibles de resolver los litigios derivados de la compraventa de mercancías o de la prestación de servicios en línea. Ello reviste especial importancia cuando los consumidores realizan compras transfronterizas.

(3)

En su Comunicación de 13 de abril de 2011 titulada «Acta del mercado único — Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza — "Juntos por un nuevo crecimiento" », la Comisión identificó la legislación sobre resolución alternativa de litigios, incluida la dimensión del comercio electrónico, como una de las doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza en el mercado único.

(4)

La fragmentación del mercado interior dificulta los esfuerzos orientados a impulsar la competitividad y el crecimiento. Asimismo, la desigualdad en la disponibilidad, calidad y conocimiento de medios sencillos, eficientes, rápidos y asequibles para solucionar litigios derivados de la compraventa de mercancías o de la prestación de servicios en toda la Unión constituye una barrera dentro del mercado interior que socava la confianza de los consumidores y los comerciantes en las compraventas transfronterizas.

(5)

En sus conclusiones de 24 y 25 de marzo de 2011 y de 23 de octubre de 2011, el Consejo Europeo invitó al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar, antes de que terminase 2012, un primer conjunto de medidas prioritarias con el fin de dar un nuevo impulso al mercado único.

(6)

El mercado interior es una realidad en la vida diaria de los consumidores cuando viajan, compran y pagan. Los consumidores son los protagonistas del mercado interior y, por lo tanto, deben estar en el centro de todas las consideraciones al respecto. La dimensión digital del mercado interior se está convirtiendo en algo esencial tanto para los consumidores como para los comerciantes. Cada vez son más los consumidores que compran en línea, y el número de comerciantes que venden en línea va en aumento. Es importante que los consumidores y los comerciantes puedan realizar transacciones en línea, por lo que resulta indispensable desmantelar los obstáculos existentes y potenciar la confianza de los consumidores. La disponibilidad de un sistema de resolución de litigios en línea fiable y eficiente podría contribuir en grado importante al logro de este objetivo.

(7)

La posibilidad de recurrir a procedimientos de resolución de litigios sencillos y asequibles puede impulsar la confianza de consumidores y comerciantes en el mercado único digital. No obstante, consumidores y comerciantes siguen enfrentándose a obstáculos para encontrar soluciones extrajudiciales, especialmente en los litigios que se derivan de transacciones transfronterizas en línea. Por esa razón, este tipo de litigios a menudo queda sin resolver.

(8)

La resolución de litigios en línea ofrece una solución extrajudicial sencilla, eficiente, rápida y asequible para los litigios derivados de transacciones en línea. Sin embargo, en la actualidad faltan mecanismos que permitan a los consumidores y a los comerciantes resolver este tipo de litigios por medios electrónicos. Ello redunda en detrimento del consumidor, constituye una barrera, en particular, para las transacciones transfronterizas en línea, y crea condiciones desiguales para los comerciantes, obstaculizando así el completo desarrollo del comercio en línea.

(9)

El presente Reglamento debe aplicarse a la resolución extrajudicial de litigios iniciados por consumidores residentes en la Unión frente a comerciantes establecidos en la Unión que estén amparados por la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (3).

(10)

Con el fin de garantizar que la plataforma de resolución de litigios en línea también pueda utilizarse para los procedimientos de resolución alternativa de litigios (en lo sucesivo, «procedimientos de resolución alternativa») que permitan a los comerciantes presentar reclamaciones contra los consumidores, el presente Reglamento debe asimismo aplicarse a la resolución extrajudicial de litigios entablados por comerciantes frente a consumidores para los que entidades de resolución alternativa de litigios (en lo sucesivo, «entidades de resolución alternativa») incluidas en la lista con arreglo al artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2013/11/UE ofrezcan procedimientos de resolución alternativa pertinentes. La aplicación del presente Reglamento a dichos litigios no debe imponer a los Estados miembros la obligación de garantizar que las entidades de resolución alternativa ofrezcan este tipo de procedimientos.

(11)

Aunque los principales beneficiarios de la plataforma de resolución de litigios en línea sean concretamente los consumidores y los comerciantes que efectúen operaciones transfronterizas en línea, el presente Reglamento debe aplicarse también a las transacciones nacionales en línea, con el fin de garantizar unas condiciones equitativas efectivas en materia de comercio electrónico.

(12)

El presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (4).

(13)

La definición de «consumidor» debe incluir a las personas físicas que actúen con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión. No obstante, si el contrato se celebra con un propósito en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona (contratos de doble finalidad) y el propósito comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del suministro, dicha persona también debe considerarse un consumidor.

(14)

La definición de «contrato de compraventa o de prestación servicios celebrado en línea» debe abarcar un contrato de compraventa o de prestación servicios en que el comerciante, o el intermediario del comerciante, haya ofrecido mercancías o servicios a través de un sitio de internet o por otros medios electrónicos y el consumidor haya encargado dichas mercancías o servicios en dicho sitio de internet o por otros medios electrónicos. También debe aplicarse a los casos en que el consumidor acceda al sitio de internet o a otro servicio de la sociedad de la información mediante un dispositivo electrónico móvil como, por ejemplo, un teléfono móvil.

(15)

El presente Reglamento no debe aplicarse a los litigios entre consumidores y comerciantes que se deriven de contratos de compraventa o de prestación de servicios no celebrados en línea ni a los litigios entre comerciantes.

(16)

El presente Reglamento debe considerarse conjuntamente con la Directiva 2013/11/UE, en la que se exige a los Estados miembros que garanticen la posibilidad de someter a una entidad de resolución alternativa todos los litigios entre consumidores domiciliados y comerciantes establecidos en la Unión que se deriven de la compraventa de mercancías o la prestación de servicios.

(17)

Los Estados miembros deben animar a los consumidores a que, antes de someter su reclamación a una entidad de resolución alternativa a través de la plataforma de resolución de litigios en línea, se pongan en contacto con el comerciante por cualquier medio adecuado con el fin de resolver el litigio de forma amistosa.

(18)

El objetivo del presente Reglamento es crear una plataforma de resolución de litigios en línea en el ámbito de la Unión. La plataforma de resolución de litigios en línea debe adoptar la forma de un sitio de internet interactivo que ofrezca una ventanilla única a los consumidores y a los comerciantes que quieran resolver extrajudicialmente litigios derivados de transacciones en línea. La plataforma de resolución de litigios en línea debe facilitar información general sobre la resolución extrajudicial de litigios contractuales derivados de contratos de compraventa o de prestación de servicios celebrados en línea entre comerciantes y consumidores. La plataforma debe permitir a consumidores y comerciantes presentar reclamaciones rellenando un formulario electrónico de reclamación disponible en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, y adjuntar los documentos pertinentes. Debe transmitir las reclamaciones a una entidad de resolución alternativa competente para conocer del litigio en cuestión. La plataforma debe ofrecer gratuitamente un sistema electrónico de tramitación de asuntos que permita a las entidades de resolución alternativa tramitar el procedimiento de resolución del litigio con las partes a través de la plataforma de resolución de litigios en línea. Las entidades de resolución alternativa no deben estar obligadas a utilizar el sistema de tramitación de asuntos.

(19)

La Comisión debe ser la responsable del desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de la plataforma de resolución de litigios en línea y proporcionar todos los medios técnicos necesarios para el funcionamiento de la plataforma. La plataforma de resolución de litigios en línea debe ofrecer una función de traducción electrónica que permita a las partes y a la entidad de resolución alternativa disponer de la información que se intercambie a través de la plataforma de resolución de litigios en línea y que resulte necesaria para la resolución del litigio, en su caso en versión traducida. Dicha función debe poder tratar todas las traducciones necesarias y apoyarse en una intervención humana, si fuera necesario. Asimismo, a través de la plataforma de resolución de litigios en línea, la Comisión debe proporcionar información a los reclamantes sobre la posibilidad de solicitar ayuda a los puntos de contacto de resolución de litigios en línea.

(20)

La plataforma de resolución de litigios en línea debe permitir el intercambio seguro de datos con las entidades de resolución alternativa y respetar los principios que subyacen en el Marco Europeo de Interoperabilidad adoptado con arreglo a la Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC) (5).

(21)

La plataforma de resolución de litigios en línea debe ser accesible, en particular, a través del portal «Tu Europa» creado de conformidad con el anexo II de la Decisión 2004/387/CE, que ofrece a las empresas y a los ciudadanos de la Unión acceso a información en línea y servicios interactivos multilingües paneuropeos. La plataforma de resolución de litigios en línea debe ocupar un lugar destacado del portal «Tu Europa».

(22)

Una plataforma de resolución de litigios en línea a escala de la Unión debe basarse en entidades de resolución alternativa existentes en los Estados miembros y respetar las tradiciones jurídicas de estos. Por consiguiente, las entidades de resolución alternativa que reciban una reclamación a través de la plataforma de resolución de litigios en línea deben aplicar sus propias normas de procedimiento, incluidas las normas sobre costas. No obstante, mediante el presente Reglamento se pretende establecer una serie de normas comunes aplicables a dichos procedimientos para garantizar su eficacia. Entre ellas deben figurar normas para garantizar que la resolución de litigios no exija la comparecencia de las partes o de sus representantes ante la entidad de resolución alternativa, salvo que sus normas de procedimiento contemplen esa posibilidad y las partes presten su consentimiento.

(23)

El hecho de garantizar que todas las entidades de resolución alternativa incluidas en la lista con arreglo al artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2013/11/UE estén registradas en la plataforma europea de resolución de litigios en línea debe permitir una cobertura total de la resolución extrajudicial en línea de litigios derivados de contratos de compraventa o de prestación de servicios celebrados en línea.

(24)

El presente Reglamento no debe ser un obstáculo al funcionamiento de cualesquiera entidades de resolución de litigios ya existentes que operen en línea ni de cualquier mecanismo de resolución de litigios en línea ya existente en la Unión. Tampoco debe impedir que las entidades o mecanismos de resolución de litigios tramiten litigios en línea que les hayan sido sometidos directamente.

(25)

Deben designarse en cada Estado miembro puntos de contacto de resolución de litigios en línea que cuenten al menos con dos asesores de resolución de litigios en línea. Los puntos de contacto de resolución de litigios en línea deben ofrecer apoyo a las partes implicadas en un litigio sometido a través de la plataforma de resolución de litigios en línea sin estar obligados a traducir los documentos relacionados con el litigio. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de atribuir la responsabilidad de los puntos de contacto de resolución de litigios en línea a sus centros de la Red de Centros Europeos del Consumidor. Los Estados miembros deben recurrir a esta posibilidad para permitir que los puntos de contacto de resolución de litigios en línea se beneficien plenamente de la experiencia de los centros de la Red de Centros Europeos del Consumidor en la facilitación de la resolución de litigios entre consumidores y comerciantes. La Comisión debe crear una red de puntos de contacto de resolución de litigios en línea para facilitar la cooperación entre estos, y proporcionar, en cooperación con los Estados miembros, una adecuada formación para los puntos de contacto de resolución de litigios en línea.

(26)

El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez imparcial forman parte de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La resolución de litigios en línea no está concebida ni puede concebirse para sustituir a los procedimientos judiciales, ni debe privar a consumidores o comerciantes de su derecho de recurso ante los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, el presente Reglamento no debe impedir a las partes ejercer su derecho de acceso al sistema judicial.

(27)

El tratamiento de la información con arreglo al presente Reglamento debe estar sujeto a estrictas garantías de confidencialidad y ajustarse a las normas de protección de datos personales establecidas por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (6) y por el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (7). Dichas normas deben aplicarse al tratamiento de datos personales efectuado con arreglo al presente Reglamento por los distintos actores de la plataforma de resolución de litigios en línea, independientemente de que actúen solas o con esos otros actores.

(28)

Los titulares de los datos deben ser informados sobre el tratamiento de sus datos personales en la plataforma de resolución de litigios en línea y prestar su consentimiento a dicho tratamiento, y ser informados sobre sus derechos respecto de dicho tratamiento; para ello la Comisión debe poner a disposición del público una nota exhaustiva de protección de la intimidad y explicar, en un lenguaje claro y sencillo, el tratamiento efectuado bajo la responsabilidad de los distintos actores de la plataforma, con arreglo a los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 y a la legislación nacional adoptada con arreglo a los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE.

(29)

El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones de la legislación nacional sobre confidencialidad en el contexto de la resolución alternativa de litigios.

(30)

Con el fin de garantizar una amplia sensibilización de los consumidores sobre la existencia de la plataforma de resolución de litigios en línea, los comerciantes establecidos en la Unión que celebren contratos de compraventa o de prestación de servicios en línea deben proporcionar en sus sitios de internet un enlace electrónico a dicha plataforma. Además, los comerciantes deben proporcionar su dirección de correo electrónico para que los consumidores dispongan de un primer punto de contacto. Una parte importante de los contratos de compraventa y de prestación de servicios en línea se celebra a través de mercados en línea, los cuales agrupan o facilitan las transacciones en línea entre consumidores y comerciantes. Dichos mercados son plataformas en línea que permiten que los comerciantes pongan sus productos y servicios a disposición de los consumidores. Por consiguiente, tales mercados en línea deben estar sujetos a la misma obligación de proporcionar un enlace electrónico a la plataforma de resolución de litigios en línea. Esta obligación debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2013/11/UE con respecto a la obligación para los comerciantes de informar a los consumidores sobre los procedimientos de resolución alternativa que amparen a dichos comerciantes y sobre si se comprometen o no a recurrir a los procedimientos de resolución alternativa de litigios con los consumidores. Además, esta obligación debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra t), y el artículo 8 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa a los derechos de los consumidores (8). El artículo 6, apartado 1, letra t), de la Directiva 2011/83/UE establece, para los contratos con consumidores celebrados a distancia o fuera del establecimiento, que el comerciante debe informar al consumidor sobre la posibilidad de recurrir a un mecanismo no judicial de reclamación y recurso al que esté sujeto el comerciante y los métodos para tener acceso al mismo, antes de que el consumidor quede vinculado por el contrato. Por las mismas razones de sensibilización de los consumidores, los Estados miembros deben fomentar que también las asociaciones de consumidores y las asociaciones empresariales proporcionen un enlace electrónico al sitio de internet de la plataforma de resolución de litigios en línea.

(31)

A fin de tener en cuenta los criterios por los cuales las entidades de resolución alternativa definen sus respectivos ámbitos de actuación, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE a fin de adaptar la información que los reclamantes deben proporcionar en el formulario electrónico de reclamación disponible en la plataforma de resolución de litigios en línea. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas adecuadas en la fase preparatoria, incluyendo consultas a expertos. A la hora de preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe velar por una transmisión simultánea, puntual y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(32)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución relativas al funcionamiento de la plataforma de resolución de litigios en línea, a las modalidades de presentación de reclamaciones y a la cooperación con la red de puntos de contacto de resolución de litigios en línea. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (9). Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de actos de ejecución relativos al formulario electrónico de reclamación, debido a su carácter puramente técnico. Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de las normas relativas a las modalidades de cooperación entre los asesores de resolución de litigios en línea de la red de puntos de contacto de resolución de litigios en línea.

(33)

En relación con la aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe consultar, si procede, al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

(34)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, crear una plataforma de resolución de litigios en línea para litigios en línea que se rijan por normas comunes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido a la dimensión o a los efectos de la acción y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(35)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en concreto, en sus artículos 7, 8, 38 y 47.

(36)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 emitió su dictamen el 12 de enero de 2012 (10).

a)

facilitar un formulario electrónico de reclamación que la parte reclamante pueda rellenar, de conformidad con el artículo 8;

b)

informar de la reclamación a la parte reclamada;

c)

determinar la entidad o entidades de resolución alternativa competentes y transmitir la reclamación a la entidad de resolución alternativa que las partes hayan acordado utilizar, de conformidad con el artículo 9;

d)

ofrecer gratuitamente un sistema electrónico de tramitación de asuntos que permita a las partes y a la entidad de resolución alternativa tramitar en línea el procedimiento de resolución de litigios a través de la plataforma de resolución de litigios en línea;

e)

proporcionar a las partes y a la entidad de resolución alternativa la traducción de la información que sea necesaria para la resolución del litigio y que se intercambie a través de la plataforma de resolución de litigios en línea;

f)

facilitar un formulario electrónico del que se servirán las entidades de resolución alternativa para transmitir la información contemplada en el artículo 10, letra c);

g)

proporcionar un sistema de comentarios que permita a las partes expresar su opinión sobre el funcionamiento de la plataforma de resolución de litigios en línea y sobre la entidad de resolución alternativa que haya conocido de su litigio;

h)

poner a disposición pública lo siguiente:

a)

previa solicitud, facilitar la comunicación entre las partes y la entidad de resolución alternativa competente, lo que podrá incluir, en particular:

b)

presentar cada dos años a la Comisión y a los Estados miembros un informe de actividad basado en la experiencia práctica obtenida en el desempeño de sus funciones.

a)

la información de que las partes deben ponerse de acuerdo sobre una entidad de resolución alternativa a la que habrá de transmitirse la reclamación y de que, si las partes no llegan a un acuerdo o no se identifica ninguna entidad de resolución alternativa competente, la reclamación no podrá seguir tramitándose;

b)

la información sobre la entidad o entidades de resolución alternativa que sean competentes para resolver el litigio, si constan mencionadas en el formulario electrónico de reclamación o si la plataforma de resolución de litigios en línea las determina basándose en la información facilitada en el formulario;

c)

en caso de que la parte reclamada sea un comerciante, un requerimiento a declarar en un plazo de diez días naturales:

d)

en caso de que la parte reclamada sea un consumidor y el comerciante esté obligado a recurrir a una entidad de resolución alternativa concreta, un requerimiento a aceptar en el plazo de diez días naturales dicha entidad o, en caso de que el comerciante no esté obligado a recurrir a una entidad de resolución alternativa concreta, un requerimiento a que seleccione una o más de las entidades de resolución alternativa a que se refiere la letra b);

e)

el nombre y los datos de contacto del punto de contacto de resolución de litigios en línea en el Estado miembro en que esté establecida o resida habitualmente la parte reclamada, así como una breve descripción de las funciones contempladas en el artículo 7, apartado 2, letra a).

a)

la información a que se refiere el apartado 3, letra a);

b)

en caso de que la parte reclamante sea un consumidor, la información sobre la entidad o entidades de resolución alternativa comunicadas por el comerciante conforme al apartado 3, letra c), y un requerimiento a aceptar una entidad de resolución alternativa en el plazo de diez días naturales;

c)

en caso de que la parte reclamante sea un comerciante que no esté obligado a recurrir a una entidad de resolución alternativa concreta, la información sobre la entidad o entidades de resolución alternativa comunicada por el consumidor conforme al apartado 3, letra d), y un requerimiento a aceptar una entidad de resolución alternativa en el plazo de diez días naturales;

d)

el nombre y los datos de contacto del punto de contacto de resolución de litigios en línea en el Estado miembro en que esté establecida o tenga su domicilio habitual parte reclamante, así como una breve descripción de las funciones contempladas en el artículo 7, apartado 2, letra a).

a)

la denominación, los datos de contacto y la dirección del sitio de internet de la entidad de resolución alternativa;

b)

en su caso, las tarifas del procedimiento de resolución alternativa;

c)

el idioma o idiomas en que podrá tramitarse el procedimiento de resolución alternativa;

d)

la duración media del procedimiento de resolución alternativa;

e)

el carácter vinculante o no vinculante del resultado del procedimiento de resolución alternativa;

f)

los motivos por los cuales la entidad de resolución alternativa podrá negarse a conocer de un litigio determinado con arreglo al artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2013/11/UE.

a)

concluirá el procedimiento de resolución alternativa dentro del plazo contemplado en el artículo 8, letra e), de la Directiva 2013/11/UE;

b)

no requerirá la comparecencia de las partes o de sus representantes, a no ser que las normas de procedimiento contemplen esa posibilidad y las partes lo consientan;

c)

transmitirá sin demora la siguiente información a la plataforma de resolución de litigios en línea:

d)

no estará sujeta a tramitar el procedimiento de resolución alternativa a través de la plataforma de resolución de litigios en línea.

«21.

Reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo (DO L 165 de 18.6.2013, p. 1): artículo 14.».

1)

En el artículo 1, apartados 1 y 2, y en el artículo 6, apartado 2, letra b), se sustituyen las palabras «las Directivas enumeradas en el anexo I» por «los actos de la Unión enumerados en el anexo I».

2)

En el título del anexo I, se sustituyen las palabras «LISTA DE DIRECTIVAS CONTEMPLADAS» por «LISTA DE ACTOS DE LA UNIÓN CONTEMPLADOS».

3)

En el anexo I se añade el punto siguiente:

—

artículo 2, apartado 3, y artículo 7, apartados 1 y 5, que serán aplicables a partir del 9 de julio de 2015,

—

artículo 5, apartados 1 y 7, artículo 6, artículo 7, apartado 7, artículo 8, apartados 3 y 4, y artículos 11, 16 y 17, que serán aplicables a partir del 8 de julio de 2013.

18.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/13

(1)

La Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto (4), estableció un marco para el seguimiento de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por las fuentes y de su absorción por los sumideros, para evaluar los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos relativos a dichas emisiones y para aplicar los requisitos de seguimiento y notificación en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (5) y el Protocolo de Kioto (6) en la Unión Europea. La Decisión no 280/2004/CE debe ser sustituida para tener en cuenta la evolución reciente y futura de la situación a escala internacional en lo que se refiere a la CMNUCC y al Protocolo de Kioto, y para aplicar los nuevos requisitos de seguimiento y notificación impuestos por la legislación de la Unión.

(2)

La Decisión no 280/2004/CE debe sustituirse por un Reglamento para facilitar su aplicación, habida cuenta del ámbito de aplicación más amplio de la legislación de la Unión, de la inclusión de categorías adicionales de destinatarios de obligaciones, del carácter más complejo y altamente técnico de las disposiciones introducidas y de la creciente necesidad de normas uniformes en toda la Unión.

(3)

El objetivo final de la CMNUCC es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Para conseguir ese objetivo, el aumento de la temperatura mundial anual media en superficie no debe rebasar los 2 °C en relación con los niveles de la era preindustrial.

(4)

Es necesario implantar un seguimiento y una notificación minuciosos, y hacer una evaluación periódica de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión y de los Estados miembros y de sus esfuerzos para hacer frente al cambio climático.

(5)

La Decisión 1/CP.15 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC («Decisión 1/CP.15») y la Decisión 1/CP.16 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC («Decisión 1/CP.16») han contribuido significativamente a progresar de forma equilibrada al afrontar los retos planteados por el cambio climático. Dichas decisiones han introducido nuevos requisitos de seguimiento y notificación, aplicables a la puesta en práctica de la ambiciosa reducción de emisiones a la que la Unión y sus Estados miembros se han comprometido, y han permitido prestar apoyo a los países en desarrollo. En las decisiones mencionadas se ha reconocido también la importancia de abordar la adaptación con la misma prioridad que la mitigación. La Decisión 1/CP.16 exige también que los países desarrollados elaboren planes o estrategias de desarrollo hipocarbónicos. Se espera que estas estrategias o planes contribuyan a construir una sociedad hipocarbónica y a garantizar el mantenimiento de un elevado nivel de crecimiento y un desarrollo sostenible, así como a avanzar de manera eficiente en relación con su coste hacia el objetivo climático a largo plazo, teniendo debidamente en cuenta las fases intermedias. El presente Reglamento debe facilitar la aplicación de dichos requisitos de seguimiento y notificación.

(6)

Con el conjunto de medidas legislativas de la Unión sobre la energía y el cambio climático adoptado en 2009, denominado «paquete legislativo sobre la energía y el clima» y, en particular, la Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (7), y la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (8), la Unión y los Estados miembros volvieron a comprometerse a reducir considerablemente sus emisiones de gases de efecto invernadero. El sistema de la Unión para el seguimiento y notificación de las emisiones debe también actualizarse a la luz de los nuevos requisitos establecidos con arreglo a esas dos medidas legislativas.

(7)

En virtud de la CMNUCC, se requirió a la Unión y a los Estados miembros elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal de 1987, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado en el marco del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (9) (Protocolo de Montreal), mediante la utilización de métodos comparables acordados por la Conferencia de las Partes.

(8)

El artículo 5, apartado 1, del Protocolo de Kioto exige a la Unión y a los Estados miembros que establezcan y mantengan un sistema nacional de estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, con vistas a garantizar la aplicación de otras disposiciones del Protocolo de Kioto. A tal fin, la Unión y los Estados miembros deben aplicar las directrices para los sistemas nacionales establecidas en el anexo de la Decisión 19/CMP.1 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, en calidad de reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (Decisión 19/CMP.1). Además, la Decisión 1/CP.16 exige el establecimiento de medidas nacionales para la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. El presente Reglamento debe permitir la aplicación de dichos requisitos.

(9)

Chipre y Malta están incluidos en el anexo I de la CMNUCC en virtud, respectivamente, de la Decisión 10/CP.17 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, que surte efecto a partir del 9 de enero de 2013, y de la Decisión 3/CP.15 de la CMNUCC, que surte efecto a partir del 26 de octubre de 2010.

(10)

La experiencia adquirida con la aplicación de la Decisión no 280/2004/CE ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar las sinergias y la coherencia con los procedimientos de notificación contemplados en otros instrumentos jurídicos, en particular en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (10); en el Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (11); en la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (12); en el Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero (13), y en el Reglamento (CE) no 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía (14). La racionalización de los requisitos de notificación exigirá la modificación de instrumentos jurídicos específicos, pero el uso de datos coherentes para notificar las emisiones de gases de efecto invernadero resulta esencial para garantizar la calidad de la notificación de emisiones.

(11)

En su cuarto informe de evaluación, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señaló que el trifluoruro de nitrógeno (NF3) tenía un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) unas 17 000 veces superior al del dióxido de carbono (CO2). La industria electrónica está utilizando cada vez más el NF3 como sustitutivo de los perfluorocarburos (PFC) y del hexafluoruro de azufre (SF6). Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la política de medio ambiente de la Unión debe basarse en el principio de cautela. Este principio exige que se realice un seguimiento de las emisiones de NF3 de la Unión para evaluar su nivel y, en caso necesario, definir medidas de mitigación.

(12)

Los datos notificados actualmente en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y en los registros nacionales y de la Unión no son suficientes para determinar, a escala de cada Estado miembro, las emisiones de CO2 del sector de la aviación civil que no están cubiertas por la Directiva 2003/87/CE. Al adoptar las obligaciones de notificación, la Unión no debe imponer a los Estados miembros ni a las pequeñas y medianas empresas cargas desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos. Las emisiones de CO2 procedentes de los vuelos no contemplados en la Directiva 2003/87/CE constituyen una parte muy poco relevante del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la creación de un sistema de notificación para estas emisiones sería excesivamente gravoso, a la luz de los requisitos existentes para el resto del sector, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE. Por lo tanto, las emisiones de CO2 derivadas de la categoría de fuentes del IPCC «1.A.3.a. Aviación civil» deben tratarse como si fueran iguales a cero a efectos de la aplicación del artículo 3 y del artículo 7, apartado 1, de la Decisión no 406/2009/CE.

(13)

A fin de garantizar la eficacia de las medidas relacionadas con el seguimiento y la notificación de emisiones de gases de efecto invernadero, es necesario evitar un aumento de la carga financiera y administrativa que ya deben soportar los Estados miembros.

(14)

Las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero relacionadas con el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura se tienen en cuenta a efectos de la consecución del objetivo de reducción de emisiones de la Unión en virtud del Protocolo de Kioto, pero no forman parte del objetivo de reducción del 20 % para 2020 que recoge el paquete de medidas sobre la energía y el cambio climático. El artículo 9 de la Decisión no 406/2009/CE dispone que la Comisión evalúe las modalidades para la inclusión de las emisiones y las absorciones derivadas de actividades relacionadas con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el compromiso de reducción comunitario, garantizando la permanencia y la integridad medioambiental de la contribución del sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, así como un seguimiento y una contabilidad precisos de las emisiones y absorciones correspondientes. También obliga la Comisión a que presente una propuesta, según corresponda, con el objetivo de que el acto entre en vigor a partir de 2013. El 12 de marzo de 2012, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta como primer paso para la inclusión del sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, en el compromiso de reducción de emisiones de la Unión que terminó con la adopción de la Decisión no 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de actividades relativas al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, y sobre la información relativa a las acciones relacionadas con dichas actividades (15).

(15)

La Unión y los Estados miembros deben esforzarse en proporcionar la información más actualizada sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, en particular en el marco de la Estrategia «Europa 2020» y teniendo en cuenta sus plazos. El presente Reglamento debe hacer posible que tales estimaciones se preparen en los plazos más breves posibles recurriendo a datos estadísticos y de otra índole, como, cuando proceda, datos basados en el espacio facilitados por el programa Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad y otros sistemas de satélite.

(16)

Dado que la Comisión ha anunciado que tiene la intención de proponer nuevos requisitos de seguimiento y notificación para las emisiones procedentes del transporte marítimo, junto con modificaciones del presente Reglamento si procede, el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de tales propuestas, y por lo tanto no han de incluirse en el presente Reglamento, en este momento, disposiciones relativas a los requisitos de seguimiento y notificación de emisiones procedentes del transporte marítimo.

(17)

La experiencia adquirida con la aplicación de la Decisión no 280/2004/CE ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la transparencia, la precisión, la exhaustividad, la coherencia y la comparabilidad de la información notificada sobre políticas y medidas y previsiones. La Decisión no 406/2009/CE exige a los Estados miembros que informen de sus progresos previstos en el cumplimiento de las obligaciones que les impone dicha Decisión, facilitando también información sobre políticas y medidas y previsiones nacionales. La Estrategia «Europa 2020» establece un programa integrado de políticas económicas que exige a la Unión y los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos a fin de notificar oportunamente las políticas y medidas para afrontar el cambio climático y sus efectos previstos sobre las emisiones. La creación de sistemas a escala de la Unión y de los Estados miembros, junto con un mejor asesoramiento sobre la notificación, debería contribuir considerablemente a alcanzar esos objetivos. Para garantizar que la Unión cumple los requisitos de notificación internacionales e internos sobre previsiones de emisiones de gases de efecto invernadero y para evaluar sus avances en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales e internos, la Comisión también debe poder preparar y utilizar estimaciones de las previsiones de emisión de gases de efecto invernadero.

(18)

Es necesario mejorar la información procedente de los Estados miembros para hacer un seguimiento de sus progresos y de su actuación en la adaptación al cambio climático. Esta información es necesaria para diseñar una estrategia global de adaptación de la Unión de acuerdo con el Libro Blanco de 1 de abril de 2009 titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación». La notificación de información sobre la adaptación permitirá a los Estados miembros intercambiar sus mejores prácticas y evaluar sus necesidades y su nivel de preparación para afrontar el cambio climático.

(19)

En virtud de la Decisión 1/CP.15, la Unión y los Estados miembros se han comprometido a aportar financiación sustancial para luchar contra el cambio climático en apoyo de las medidas de adaptación y mitigación en los países en desarrollo. De conformidad con el apartado 40 de la Decisión 1/CP.16, toda Parte en la CMNUCC que sea país desarrollado debe mejorar la notificación de información sobre la ayuda financiera, tecnológica y para el desarrollo de sus capacidades proporcionada a las Partes que sean países en desarrollo. La mejora de la notificación resulta esencial para reconocer los esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros en el cumplimiento de sus compromisos. La Decisión 1/CP.16 estableció también un nuevo Mecanismo Tecnológico para potenciar la transferencia internacional de tecnología. El presente Reglamento debe garantizar la notificación de información actualizada sobre las actividades de transferencia de tecnología a países en desarrollo, basada en los mejores datos disponibles.

(20)

La Directiva 2003/87/CE fue modificada mediante la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) para incluir las actividades del sector de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión. La Directiva 2003/87/CE contiene disposiciones sobre el uso de los ingresos de las subastas por los Estados miembros, sobre la notificación de ese uso y sobre las medidas adoptadas con arreglo al artículo 3 quinquies de dicha Directiva. La Directiva 2003/87/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/29/CE, contiene también ahora disposiciones sobre la utilización de los ingresos procedentes de las subastas, y estipula que al menos el 50 % de dichos ingresos debe utilizarse para una o varias de las actividades a que se refiere el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE. La transparencia sobre el uso de ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión en el marco de la Directiva 2003/87/CE es fundamental para respaldar los compromisos de la Unión.

(21)

En virtud de la CMNUCC se obliga a la Unión y a sus Estados miembros a elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes comunicaciones nacionales e informes bienales utilizando las directrices, métodos y formatos acordados por la Conferencia de las Partes. La Decisión 1/CP.16 pide que se mejore la notificación de información sobre los objetivos de mitigación y sobre el suministro a los países en desarrollo de ayuda financiera, tecnológica y para el desarrollo de sus capacidades.

(22)

La Decisión no 406/2009/CE convirtió el ciclo de notificación anual vigente en un ciclo de compromisos anuales que requiere un examen completo de los inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados miembros en un plazo inferior al que se aplica actualmente al examen de los inventarios en el marco de la CMNUCC, para permitir, en caso necesario, el uso de los mecanismos de flexibilidad y la aplicación de medidas correctivas a finales de cada año. Es necesario establecer un procedimiento de examen, a escala de la UE, de los inventarios de gases de efecto invernadero presentados por los Estados miembros para garantizar que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de la Decisión no 406/2009/CE se evalúa de manera creíble, coherente y transparente y en el momento oportuno.

(23)

Se están debatiendo actualmente en el marco de la CMNUCC una serie de elementos técnicos relacionados con la notificación de las emisiones por las fuentes y de la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, como son los potenciales de calentamiento global (PCG), los tipos de gases de efecto invernadero notificados y las orientaciones metodológicas del IPCC que han de emplearse para preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Las revisiones de estos elementos metodológicos en el contexto del proceso de la CMNUCC y el nuevo cálculo consiguiente de las series cronológicas de las emisiones de gases de efecto invernadero pueden cambiar el nivel y las tendencias de dichas emisiones. La Comisión debe efectuar un seguimiento de la evolución de la situación a nivel internacional y, en caso necesario, proponer la modificación del presente Reglamento a fin de garantizar la coherencia con los métodos empleados en el contexto del proceso de la CMNUCC.

(24)

De acuerdo con las actuales directrices de la CMNUCC en materia de notificación de gases de efecto invernadero, el cálculo y la notificación de las emisiones de metano se basan en PCG en relación con un horizonte temporal de 100 años. Habida cuenta de este PCG tan elevado y del tiempo relativamente corto de permanencia del metano en la atmósfera, la Comisión debe analizar las consecuencias que conllevaría para las políticas y medidas la adopción de un horizonte temporal de 20 años respecto del metano.

(25)

Tomando en consideración la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2011, sobre un enfoque global con respecto a las emisiones antropogénicas de gases distintos al CO2 que afectan al clima, y una vez que se haya acordado en el marco del CMNUC utilizar directrices convenidas y publicadas del IPCC sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de negro de carbono, la Comisión debe analizar las consecuencias que ello tendría para las políticas y medidas y, si procede, modificar el anexo I del presente Reglamento.

(26)

Las emisiones de gases de efecto invernadero de todas las series cronológicas notificadas deben estimarse utilizando los mismos métodos. Los datos sobre la actividad subyacente y los factores de emisión deben obtenerse y usarse de forma coherente, garantizando que los cambios en los métodos de estimación o en las hipótesis no se traduzcan en cambios de las tendencias de las emisiones. Los nuevos cálculos de las emisiones de gases de efecto invernadero deben efectuarse con arreglo a unas directrices acordadas y verificarse con objeto de mejorar la coherencia, la exactitud y la exhaustividad de las series cronológicas notificadas y en aras de la aplicación de métodos más detallados. Si el método o la manera en la que se recopilan los datos sobre la actividad subyacente y los factores de emisión ha cambiado, los Estados miembros deben volver a calcular los inventarios para las series cronológicas notificadas, y evaluar la necesidad de nuevos cálculos basándose en los motivos previstos en las directrices acordadas, en especial para las categorías esenciales. El presente Reglamento debe establecer si los efectos de estos nuevos cálculos deben tenerse en cuenta, y en qué condiciones, para determinar las asignaciones anuales de emisiones.

(27)

El clima mundial se ve afectado por el sector de la aviación afecta al por las emisiones de CO2, así como por otras emisiones, incluidas las emisiones de óxidos de nitrógeno, y fenómenos, como el incremento de los cirros. A la luz de la rápida evolución de la comprensión científica de estos impactos, debe realizarse periódicamente, en el contexto del presente Reglamento, una evaluación actualizada de los impactos de la aviación no provocados por el CO2 en el clima mundial. La modelización utilizada a este respecto debe adaptarse a los avances científicos. Sobre la base de las evaluaciones que haga de esos impactos, la Comisión puede estudiar las opciones de actuación oportunas para abordarlos.

(28)

La Agencia Europea de Medio Ambiente tiene por objeto fomentar el desarrollo sostenible y ayudar a conseguir una mejora significativa y cuantificable del medio ambiente en Europa facilitando información oportuna, específica, pertinente y fiable a los responsables políticos, a las instituciones públicas y a los ciudadanos. La Agencia Europea de Medio Ambiente debe asistir a la Comisión, cuando corresponda, en la labor de seguimiento y notificación, especialmente en el contexto del sistema de inventario de la Unión y de su sistema de proyecciones, políticas y medidas, en la realización del examen anual por expertos de los inventarios de los Estados miembros, en la evaluación de los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones de la Unión y en el mantenimiento de la Plataforma Europea de adaptación al clima en lo relativo al impacto, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, y en la difusión pública de información fiable sobre el clima.

(29)

Todos los requisitos relativos al suministro de información y datos establecidos en el presente Reglamento deben respetar las normas de la Unión sobre protección de datos y sobre confidencialidad comercial.

(30)

La información y los datos que se recojan con arreglo al presente Reglamento pueden asimismo contribuir a la formulación y evaluación futuras de la política de la Unión en materia de cambio climático.

(31)

Con el fin de garantizar la coherencia, la Comisión debe hacer un seguimiento de la aplicación de los requisitos de seguimiento y notificación con arreglo al presente Reglamento y de la evolución de la situación en el marco de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto. A este respecto, la Comisión debe presentar, si procede, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo.

(32)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del artículo 5, apartado 4, el artículo 7, apartados 7 y 8, el artículo 8, apartado 2, el artículo 12, apartado 3, el artículo 17, apartado 4, y el artículo 19, apartados 5 y 6, del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Con la excepción del artículo 19, apartado 6, dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (17).

(33)

A fin de establecer requisitos de notificación armonizados para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y para otros datos relevantes para la política relativa al cambio climático, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de modificar los anexos I y III del presente Reglamento, de conformidad con las decisiones adoptadas en el marco de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto, tener en cuenta las modificaciones de los PCG y las directrices sobre inventarios acordadas internacionalmente, establecer requisitos básicos para el sistema de inventario de la Unión y el registro de la Unión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante sus trabajos preparatorios, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, puntual y adecuada.

(34)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, en particular establecer un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

a)

garantizar la oportunidad, integridad, exactitud, coherencia, comparabilidad y transparencia de la información presentada por la Unión y sus Estados miembros a la Secretaría de la CMNUCC;

b)

la notificación y verificación de la información relativa a los compromisos contraídos por la Unión y sus Estados miembros en virtud de la CMNUCC, del Protocolo de Kioto y de las decisiones adoptadas en virtud de los mismos, y la evaluación de los progresos realizados en el cumplimiento de dichos compromisos;

c)

el seguimiento y la notificación en los Estados miembros de todas las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;

d)

el seguimiento, notificación, examen y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de información adicional de conformidad con el artículo 6 de la Decisión no 406/2009/CE;

e)

la notificación del uso de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión de conformidad con el artículo 3 quinquies, apartados 1 o 2, o con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, de acuerdo con el artículo 3 quinquies, apartado 4, y con el artículo 10, apartado 3, de dicha Directiva;

f)

el seguimiento y la notificación de las medidas adoptadas por los Estados miembros para adaptarse a las consecuencias inevitables del cambio climático de manera eficiente en relación con su coste;

g)

la evaluación de los progresos de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la Decisión no 406/2009/CE.

a)

a la notificación de las estrategias de desarrollo bajo en carbono de la Unión y de sus Estados miembros, y de cualquier actualización de las mismas, de conformidad con la Decisión 1/CP.16;

b)

a las emisiones procedentes de sectores y fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento incluidos en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), de la CMNUCC, producidas en el territorio de los Estados miembros;

c)

a las emisiones de gases de efecto invernadero que entran en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 1, de la Decisión no 406/2009/CE;

d)

a los impactos en el clima, no provocados por el CO2, asociado a las emisiones procedentes del sector de la aviación civil;

e)

a las previsiones de la Unión y sus Estados miembros relativas a las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y a las políticas y medidas de los Estados miembros relativas a ellas;

f)

a la ayuda financiera y tecnológica agregada proporcionada a los países en desarrollo de conformidad con los requisitos de la CMNUCC;

g)

a la utilización de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión, con arreglo al artículo 3 quinquies, apartados 1 y 2, y al artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE;

h)

a las acciones de los Estados miembros para adaptarse al cambio climático.

a)

al seguimiento transparente y preciso de los progresos realizados y previstos de los Estados miembros, incluida la contribución aportada por las medidas de la Unión, en el cumplimiento de los compromisos contraídos por la Unión y los Estados miembros para la limitación o reducción de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero de acuerdo con la CMNUCC;

b)

al cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero contraídos por los Estados miembros en virtud de la Decisión no 406/2009/CE y a la consecución, a largo plazo, de una reducción de las emisiones y de un incremento de la absorción por los sumideros en todos los sectores, en consonancia con el objetivo asumido por la Unión —en el contexto de las reducciones que, según el IPCC, deben conseguir los países desarrollados como grupo—, de reducir las emisiones de un 80 % a un 95 % para 2050, con respecto a los niveles de 1990, de manera eficiente en relación con su coste.

a)

a los datos y métodos notificados para actividades e instalaciones en virtud de la Directiva 2003/87/CE, con el fin de preparar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero para garantizar la coherencia de las emisiones notificadas de gases de efecto invernadero en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión y en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

b)

cuando proceda, a los datos recogidos a través de los sistemas de presentación de informes sobre los gases fluorados en los diferentes sectores, creados con arreglo al artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 842/2006, con objeto de preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

c)

cuando proceda, a los datos de emisiones, los datos subyacentes y los métodos notificados por las instalaciones, de conformidad con el Reglamento (CE) no 166/2006, con objeto de preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

d)

a los datos notificados en virtud del Reglamento (CE) no 1099/2008.

a)

utilicen los sistemas de presentación de informes establecidos con arreglo al artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 842/2006 para mejorar la estimación de los gases fluorados en los s nacionales de gases de efecto invernadero;

b)

puedan realizar los controles de coherencia anuales a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letras l) y m).

a)

un programa de aseguramiento de la calidad y de control de la calidad, que prevea el establecimiento de objetivos de calidad y la elaboración de un plan de aseguramiento y control de la calidad del inventario. La Comisión asistirá a los Estados miembros en la aplicación de sus programas de aseguramiento y control de la calidad;

b)

un procedimiento de estimación, en consulta con el Estado miembro interesado, de todos los datos no recogidos en su inventario nacional;

c)

los exámenes de los inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados miembros a que se refiere el artículo 19.

a)

sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento y las emisiones antropógenas de los gases de efecto invernadero a que se refiere el artículo 2, apartado 1, de la Decisión no 406/2009/CE, correspondientes al año X-2, de conformidad con los requisitos de notificación de la CMNUCC. Sin perjuicio de la notificación de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento, las emisiones de CO2 correspondientes a la categoría de fuentes del IPCC «1.A.3.a. Aviación civil» se consideran iguales a cero para la aplicación del artículo 3 y el artículo 7, apartado 1, de la Decisión no 406/2009/CE;

b)

los datos, de conformidad con los requisitos de notificación de la CMNUCC, sobre sus emisiones antropógenas de monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV), en consonancia con los datos ya notificados con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2001/81/CE y la Convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia, correspondientes al año X-2;

c)

sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero por las fuentes y las absorciones de CO2 por sumideros derivadas de las actividades del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura correspondientes al año X-2, de conformidad con los requisitos de notificación de la CMNUCC;

d)

sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero por las fuentes y las absorciones de CO2 por los sumideros derivadas de las actividades del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, con arreglo a la Decisión no 529/2013/UE y al Protocolo de Kioto, y la información sobre la contabilización de dichas emisiones de gases de efecto invernadero y de las absorciones derivadas de las actividades del uso de la tierra, del cambio de uso de la tierra y de la silvicultura, de conformidad con la Decisión no 529/2013/UE y con el artículo 3, apartados 3 y 4, del Protocolo de Kioto y con las decisiones pertinentes derivadas de este último, para los años comprendidos entre 2008 u otros años aplicables y el año X-2. Los Estados miembros que contabilicen la gestión de tierras agrícolas, la gestión de pastizales, el restablecimiento de la vegetación o el drenaje y rehumidificación de humedales tendrán que comunicar también las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero derivadas de cada una de estas actividades para el año o período de base correspondiente especificado en el anexo VI de la Decisión no 529/2013/UE y en el anexo de la Decisión 13/CMP.1. Al cumplir sus obligaciones de notificación con arreglo a la presente letra, y en particular al presentar información sobre emisiones y absorciones relativas a sus obligaciones de contabilización establecidas en la Decisión no 529/2013/UE, los Estados miembros presentarán información que tenga plenamente en cuenta las directrices aplicables del IPCC en materia de buenas prácticas respecto del uso de la tierra, del cambio del uso de la tierra y de la silvicultura;

e)

cualquier modificación de la información a que se refieren las letras a) a d) respecto del año o período de base correspondiente y el año X-3, indicando las razones de dichas modificaciones;

f)

información sobre los indicadores, con arreglo a lo establecido en el anexo III, para el año X-2;

g)

información procedente de su registro nacional sobre la expedición, adquisición, titularidad, transferencia, cancelación, retirada y arrastre de UCA, UDA, URE, RCE, RCEt y RCEl para el año X-1;

h)

información resumida sobre las transferencias efectuadas con arreglo al artículo 3, apartados 4 y 5, de la Decisión no 406/2009/CE, para el año X-1;

i)

información sobre la utilización de la aplicación conjunta, del MDL y del comercio internacional de derechos de emisión, de conformidad con los artículos 6, 12 y 17 del Protocolo de Kioto, o de cualquier otro mecanismo de flexibilidad previsto en otros instrumentos adoptados por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC o por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, para cumplir sus compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones, de conformidad con el artículo 2 de la Decisión no 2002/358/CE y con el Protocolo de Kioto o con compromisos futuros contraídos en virtud de la CMNUCC o del Protocolo de Kioto, para el año X-2;

j)

información sobre las medidas adoptadas para mejorar las estimaciones de los inventarios, en particular de las partes del inventario que han sido objeto de ajustes o de recomendaciones derivadas de los exámenes por expertos;

k)

la asignación, real o estimada, de las emisiones verificadas notificadas por las instalaciones y los operadores en virtud de la Directiva 2003/87/CE a las categorías de fuentes de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, cuando sea posible, y la proporción que representan esas emisiones verificadas con respecto al total de las emisiones notificadas de gases de efecto invernadero en dichas categorías de fuentes, correspondientes al año X-2;

l)

cuando proceda, los resultados de los controles efectuados de la coherencia de las emisiones notificadas en los inventarios de gases de efecto invernadero, correspondientes al año X-2, conlas emisiones verificadas notificadas en virtud de la Directiva 2003/87/CE;

m)

cuando proceda, los resultados de los controles efectuados de la coherencia de los datos utilizados para la estimación de las emisiones en la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero, correspondientes al año X-2, con:

n)

una descripción de los cambios de su sistema de inventario nacional;

o)

una descripción de los cambios del registro nacional;

p)

información sobre sus planes de aseguramiento y control de la calidad, una evaluación general de la incertidumbre, una evaluación general de la integridad, y, si se dispone de ellos, otros elementos de los informes sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero que sean necesarios para elaborar el informe sobre el inventario de gases de efecto invernadero de la Unión.

a)

añadir o suprimir sustancias en la lista de gases de efecto invernadero del anexo I del presente Reglamento, o añadir o modificar indicadores del anexo III del presente Reglamento de conformidad con las decisiones pertinentes adoptadas por los órganos de la CMNUCC, del Protocolo de Kioto o de los acuerdos que se deriven de ellos o los sucedan;

b)

tener en cuenta las modificaciones en los PCG y las directrices sobre inventarios acordadas internacionalmente, de conformidad con las decisiones pertinentes adoptadas por los órganos de la CMNUCC o del Protocolo de Kioto o de los acuerdos que se deriven de ellos o los sucedan.

a)

una descripción de su sistema nacional para la notificación de políticas y medidas o grupos de medidas, y para la notificación de proyecciones sobre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, si no han facilitado ya la mencionada descripción, o información sobre cualquier modificación realizada en el sistema si dicha descripción ya ha sido facilitada;

b)

las actualizaciones pertinentes de sus estrategias de desarrollo bajo en carbono mencionadas en el artículo 4 y los avances en la aplicación de estas estrategias;

c)

información sobre las políticas y medidas o grupos de medidas nacionales, y sobre la aplicación de las políticas y medidas o grupos de medidas de la Unión que limiten o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes o que aumenten su absorción por los sumideros, presentadas por sectores y organizadas con arreglo a los gases o grupos de gases (hidrofluorocarburos y perfluorocarburos) mencionados en el anexo I. Esa información deberá referirse a las políticas aplicables y pertinentes, nacionales o de la Unión, e indicará:

d)

la información a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra d), de la Decisión no 406/2009/CE;

e)

información sobre el grado en que la acción del Estado miembro constituye un elemento significativo de los esfuerzos emprendidos a nivel nacional, y sobre la medida en que la utilización prevista de la aplicación conjunta, el MDLy el comercio internacional de derechos de emisión es suplementaria a las medidas internas, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Protocolo de Kioto y a las decisiones adoptadas en el marco del mismo.

a)

las proyecciones sin medidas, si se dispone de ellas, las proyecciones con medidas y, si se dispone de ellas, las proyecciones con medidas adicionales;

b)

las proyecciones totales de emisiones de gases de efecto invernadero y las estimaciones específicas para las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes de emisión reguladas por la Directiva 2003/87/CE y por la Decisión no 406/2009/CE;

c)

el efecto de las políticas y medidas determinadas de conformidad con el artículo 13. En el caso de que tales políticas y medidas no estén incluidas, este extremo deberá señalarse y explicarse claramente;

d)

los resultados del análisis de sensibilidad realizado para las proyecciones;

e)

todas las referencias pertinentes a las evaluaciones y los informes técnicos que las sustentan, con arreglo al apartado 4.

a)

una justificación detallada, a la que se refiere el artículo 6, apartado 2, de la Decisión no 406/2009/CE;

b)

información sobre la utilización durante el año X-1 de los ingresos generados por el Estado miembro mediante la subasta de derechos de emisión con arreglo al artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, que incluirá información sobre los mencionados ingresos que se hayan utilizado para uno o varios de los fines especificados en el artículo 10, apartado 3, de dicha Directiva, o el equivalente en valor financiero de dichos ingresos, y las medidas adoptadas con arreglo a dicho artículo;

c)

información sobre la utilización, determinada por el Estado miembro, de todos los ingresos generados por este mediante la subasta de derechos de emisión del sector de la aviación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 quinquies, apartados 1 o 2, de la Directiva 2003/87/CE; esa información se facilitará de conformidad con el artículo 3 quinquies, apartado 4, de dicha Directiva;

d)

la información contemplada en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Decisión no 406/2009/CE e información sobre la manera en que la política de compras del Estado miembro contribuye a la consecución de un acuerdo internacional sobre cambio climático;

e)

información relativa a la aplicación del artículo 11 ter, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a actividades de proyectos sobre producción de hidroeléctrica con una capacidad de generación superior a los 20 MW.

a)

controles para comprobar la transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de la información presentada;

b)

controles para detectar los casos en que los datos del inventario se hayan elaborado de manera incompatible con la documentación orientativa de la CMNUCC o con las normas de la Unión, y además

c)

el cálculo, cuando proceda, de las consiguientes correcciones técnicas necesarias, en consulta con los Estados miembros.

a)

la inaplicación por un Estado miembro de recomendaciones derivadas de anteriores revisiones de la Unión o de la CMNUCC, o cuestiones no explicadas por un Estado miembro;

b)

estimaciones infravaloradas o sobrevaloradas relativas a una categoría clave del inventario de un Estado miembro,

a)

los compromisos previstos en el artículo 4 de la CMNUCC y en el artículo 3 del Protocolo de Kioto, como se precisan en las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC o por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto. Esta evaluación se basará en la información notificada de conformidad con los artículos 7, 8, 10 y 13 a 17;

b)

las obligaciones definidas en el artículo 3 de la Decisión no 406/2009/CE. Esta evaluación se basará en la información notificada de conformidad con los artículos 7, 8, 13 y 14.

a)

la compilación del inventario de gases de efecto invernadero de la Unión y la elaboración del informe correspondiente, de conformidad con el artículo 7, apartado 5;

b)

la preparación de la comunicación nacional de la Unión con arreglo al artículo 12 de la CMNUCC y del informe bienal de la Unión con arreglo a la Decisión 2/CP.17 o a posteriores decisiones pertinentes adoptadas por los órganos de la CMNUCC;

c)

los procedimientos de revisión y cumplimiento previstos en la CMNUCC y el Protocolo de Kioto con arreglo a las decisiones aplicables en virtud de esos textos, así como el procedimiento de la Unión para examinar los inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados miembros a que se refiere el artículo 19 del presente Reglamento;

d)

los eventuales ajustes previstos en el artículo 5, apartado 2, del Protocolo de Kioto o efectuados tras el proceso de examen de la Unión a que se refiere el artículo 19 u otros cambios introducidos en los inventarios e informes sobre los inventarios presentados, o que deben presentarse, a la Secretaría de la CMNUCC;

e)

la compilación del avance de inventario de gases de efecto invernadero de la Unión, de conformidad con el artículo 8;

f)

la notificación en relación con la retirada de UCA, UDA, URE, RCE, RCEt o RCEl, tras el período adicional a que se refiere el apartado 14 de la Decisión 13/CMP.1 para el cumplimiento de los compromisos asumidos con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Protocolo de Kioto.

a)

la compilación del inventario de gases de efecto invernadero de la Unión y la preparación del informe correspondiente;

b)

la aplicación de los procedimientos de aseguramiento y control de la calidad para preparar el inventario de gases de efecto invernadero de la Unión;

c)

la preparación de estimaciones de los datos no incluidos en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

d)

la realización de las revisiones;

e)

la compilación del avance de inventario de gases de efecto invernadero de la Unión;

f)

la compilación de la información comunicada por los Estados miembros sobre las políticas y medidas y las proyecciones;

g)

la aplicación de los procedimientos de aseguramiento y control de la calidad a la información comunicada por los Estados miembros sobre las previsiones y las políticas y medidas;

h)

la preparación de estimaciones de los datos relativos a las proyecciones no comunicadas por los Estados miembros;

i)

la compilación de los datos necesarios para la elaboración del informe anual que la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo;

j)

la difusión de la información recopilada en virtud del presente Reglamento, incluidos el mantenimiento y la actualización de una base de datos sobre las políticas y medidas de mitigación de los Estados miembros y la Plataforma Europea de adaptación al clima en lo relativo a los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático.

18.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/41

(1)

Las comunicaciones, infraestructuras y servicios electrónicos se han convertido en factores esenciales, tanto directa como indirectamente, del desarrollo económico y social. Desempeñan un papel vital para la sociedad y se han convertido en servicios ubicuos en sí mismos, en el mismo sentido que el suministro de electricidad o de agua, además de constituir factores esenciales para el suministro de electricidad, agua y otros servicios críticos. Las redes de comunicaciones funcionan como catalizadores sociales y de la innovación, multiplicando el impacto de la tecnología y dando forma a los comportamientos de los consumidores, a los modelos empresariales y a las industrias, así como a la ciudadanía y a la participación política. Las perturbaciones de las mismas podrían ocasionar un perjuicio físico, social y económico considerable, lo que resalta la importancia de las medidas encaminadas a incrementar la protección y la resistencia con objeto de garantizar la continuidad de los servicios críticos. La seguridad de las comunicaciones, infraestructuras y servicios electrónicos, y en particular su integridad, disponibilidad y confidencialidad, se enfrenta a retos en constante progresión, relacionados, entre otros, con los diferentes elementos de las infraestructuras de comunicación y los programas informáticos que controlan dichos elementos, las infraestructuras en general y los servicios ofrecidos a través de dichas infraestructuras. Esto inquieta cada vez más a la sociedad, entre otras cosas por la posibilidad de que los problemas causados por la complejidad del sistema, deficiencias de funcionamiento, fallos sistémicos, accidentes, errores y ataques puedan tener consecuencias para la infraestructura física y electrónica que permite prestar unos servicios críticos para el bienestar de los ciudadanos europeos.

(2)

El panorama de las amenazas cambia constantemente, y los incidentes relacionados con la seguridad pueden hacer perder a los usuarios su confianza en la tecnología, las redes y los servicios, afectando con ello a su capacidad de aprovechar todas las posibilidades que brinda el mercado interior y el uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

(3)

Por consiguiente, una evaluación periódica del estado de la seguridad de las redes y de la información en la Unión, basada en datos europeos fiables, así como una previsión sistemática de los futuros avances, retos y amenazas, tanto en el ámbito de la Unión como mundial, son importantes para los responsables políticos, la industria y los usuarios.

(4)

Mediante la Decisión 2004/97/CE, Euratom (3), adoptada en la reunión del Consejo Europeo el 13 de diciembre de 2003, los representantes de los Estados miembros decidieron que la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) que se estableciera sobre la base de la propuesta presentada por la Comisión tendría su sede en la ciudad de Grecia que determinara el Gobierno griego. A raíz de dicha Decisión, el Gobierno griego determinó que ENISA tendría su sede en Irákleio, Creta.

(5)

El 1 de abril de 2005 se celebró un Acuerdo de Sede entre la Agencia y el Estado miembro anfitrión.

(6)

El Estado miembro que acoge a la Agencia debe ofrecer las mejores condiciones posibles para un funcionamiento correcto y eficaz de la Agencia. Para el desempeño correcto y eficaz de su cometido, para atraer y conservar al personal y para facilitar el establecimiento de contactos con el exterior es necesario que la Agencia tenga su sede en un lugar adecuado que, entre otras cosas, ofrezca conexiones de transporte adecuadas y servicios para los cónyuges y los hijos que acompañen al personal. Las disposiciones necesarias deben recogerse en un acuerdo entre la Agencia y el Estado miembro anfitrión cuya celebración ha de contar con la aprobación del Consejo de Administración de la Agencia.

(7)

Con vistas a mejorar la eficacia operativa de la Agencia, esta ha establecido una oficina en el área metropolitana de Atenas, que debe mantenerse con el acuerdo y el apoyo del Estado miembro anfitrión, y en la que debe estar situado el personal operativo de la Agencia. La parte del personal dedicada fundamentalmente a la administración de la agencia (incluido el director ejecutivo), los departamentos de finanzas, documentación y análisis, informática y gestión de instalaciones, recursos humanos, formación, y comunicación y relaciones públicas deben tener su base en Irákleio.

(8)

La Agencia tiene derecho a decidir sobre su propia organización, con el fin de asegurar el desempeño correcto y eficaz de su cometido, respetando a un tiempo las disposiciones sobre la sede y la oficina de Atenas que se incluyen en el presente Reglamento. En particular, con miras a desempeñar las funciones que impliquen una interacción con los actores más importantes, como las instituciones de la Unión, la Agencia debe tomar las medidas prácticas necesarias para mejorar la eficiencia operativa.

(9)

En 2004 el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) no 460/2004 (4) por el que se crea ENISA con el objetivo de contribuir a garantizar un nivel efectivo y elevado de seguridad de las redes y de la información dentro de la Unión y a desarrollar una cultura de la seguridad de las redes y de la información en beneficio de los ciudadanos, los consumidores, las empresas y las administraciones públicas. En 2008, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) no 1007/2008 (5), que prorrogaba el mandato de la Agencia hasta marzo de 2012. El Reglamento (CE) no 580/2011 (6) prorrogaba el mandato de la Agencia hasta el 13 de septiembre de 2013.

(10)

La Agencia debe ser sucesora de ENISA, que fue establecida por el Reglamento (CE) no 460/2004. Dentro del marco de la Decisión de los Representantes de los Estados miembros, reunidos en el Consejo Europeo de 13 de diciembre de 2003, el Estado miembro anfitrión debe mantener y desarrollar los mecanismos prácticos actuales para garantizar un funcionamiento correcto y eficiente de la Agencia, incluida su oficina de Atenas, y debe facilitar la contratación y conservación de personal altamente cualificado.

(11)

Desde la creación de ENISA, los retos que plantea la seguridad de las redes y de la información han cambiado, al evolucionar la tecnología, el mercado y el contexto socioeconómico, y han sido objeto de ulterior reflexión y debate. En respuesta a estos retos cambiantes, la Unión ha actualizado sus prioridades en el ámbito de la política de seguridad de las redes y de la información. El presente Reglamento tiene por objetivo reforzar la Agencia para contribuir satisfactoriamente a los esfuerzos de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros por desarrollar una capacidad europea que permita afrontar los retos que plantea la seguridad de las redes y de la información.

(12)

Las medidas de mercado interior en el ámbito de la seguridad de las comunicaciones electrónicas y, más en general, de la seguridad de las redes y de la información, exigen diferentes formas de aplicaciones técnicas y organizativas por parte de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros. La aplicación heterogénea de estos requisitos puede generar ineficiencias y poner trabas al mercado interior. Esta consideración requiere la existencia de un centro de conocimiento especializado en el ámbito de la Unión que ofrezca orientación, asesoramiento y asistencia en relación con la seguridad de las redes y de la información, al cual puedan recurrir las instituciones de la Unión y los Estados miembros. La Agencia puede satisfacer estas necesidades desarrollando y manteniendo un alto nivel de conocimientos especializados y prestando asistencia a las instituciones de la Unión, a los Estados miembros y a la comunidad empresarial, con el fin de ayudarlos a cumplir los requisitos legales y reglamentarios en materia de seguridad de las redes y de la información, y a detectar y abordar los problemas de seguridad de las redes y de la información, contribuyendo así al correcto funcionamiento del mercado interior.

(13)

La Agencia debe llevar a cabo las tareas que le confieren los actos jurídicos de la Unión en el ámbito de las comunicaciones electrónicas y, en general, contribuir a mejorar el nivel de la seguridad de las comunicaciones electrónicas, así como la protección de la intimidad y de los datos personales, entre otras cosas, aportando conocimientos y asesoramiento, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y haciendo propuestas de actuación.

(14)

La Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (7), exige que los proveedores de redes públicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público adopten las medidas adecuadas para salvaguardar su integridad y seguridad e introduce la obligación de que, cuando proceda, las autoridades nacionales de reglamentación informen, entre otros, a la Agencia de las violaciones de la seguridad o las pérdidas de integridad que hayan tenido una repercusión significativa en el funcionamiento de las redes o servicios, y de que presenten a la Agencia un informe anual de síntesis sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas. La Directiva 2002/21/CE solicita además que la Agencia contribuya, mediante la emisión de dictámenes, a la armonización de las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas.

(15)

La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (8), exige que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas accesibles para el público tomen las medidas técnicas y de organización necesarias para velar por la seguridad de sus servicios, y estipula igualmente que se mantenga la confidencialidad de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a las mismas. La Directiva 2002/58/CE introduce requisitos de información y notificación sobre violación de datos personales en relación con los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Exige igualmente que la Comisión consulte a la Agencia sobre cualquier medida técnica de ejecución que vaya a adoptarse en relación con las circunstancias o el formato de los requisitos de información y notificación, así como de los procedimientos aplicables a los mismos. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos (9), estipula que los Estados miembros deben establecer la obligación del responsable del tratamiento de aplicar las medidas técnicas y de organización adecuadas para la protección de datos personales contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental y contra la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos dentro de una red, así como contra cualquier otra forma de tratamiento ilícito.

(16)

La Agencia debe contribuir al establecimiento de un elevado nivel de seguridad de las redes y de la información en la Unión y a una mejor protección de la intimidad y de los datos personales, así como al desarrollo y promoción de una cultura de la seguridad de las redes y de la información en beneficio de los ciudadanos, los consumidores, las empresas y las organizaciones del sector público en la Unión, contribuyendo con ello al adecuado funcionamiento del mercado interior. Para lograr este objetivo, se deben asignar a la Agencia recursos presupuestarios suficientes.

(17)

En vista de la importancia creciente de las redes y las comunicaciones electrónicas, que en este momento constituyen la columna vertebral de la economía europea, y del tamaño real de la economía digital, debería incrementarse de modo significativo los recursos financieros y humanos asignados a la Agencia, a la altura de la mayor relevancia de su papel y sus funciones, así como de su posición crítica en defensa del ecosistema digital europeo.

(18)

La Agencia debe actuar como un punto de referencia que genere confianza en virtud de su independencia, la calidad del asesoramiento prestado y la información difundida, la transparencia de sus procedimientos y métodos de funcionamiento, y su diligencia en el desempeño de sus tareas. Debe apoyarse en los esfuerzos realizados a nivel nacional y de la Unión y, por consiguiente, desempeñar sus funciones cooperando plenamente con las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Estados miembros, y estar abierta a contactos con la industria y otras partes interesadas. Además, la Agencia debe apoyarse en las aportaciones del sector privado y en la cooperación con el mismo, ya que desempeña un papel importante en la seguridad de las comunicaciones, infraestructuras y servicios electrónicos.

(19)

Debe existir un conjunto de funciones que indique cómo debe alcanzar la Agencia sus objetivos, pero permita cierta flexibilidad en su funcionamiento. Las funciones de la Agencia deben incluir la recopilación de los datos y la información adecuados para llevar a cabo análisis de los riesgos para la seguridad y resistencia de las comunicaciones, infraestructuras y servicios electrónicos y para evaluar, en cooperación con los Estados miembros, la Comisión y, si procede, las partes interesadas pertinentes, el estado de la seguridad de las redes y de la información en la Unión. La Agencia debe garantizar la coordinación y la colaboración con las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y los Estados miembros, y potenciar la cooperación entre las partes interesadas en Europa, en particular implicando en sus actividades a los organismos nacionales y de la Unión competentes y a expertos de alto nivel del sector privado en materia de seguridad de las redes y de la información en ámbitos pertinentes, en especial proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, fabricantes de equipos en red y vendedores de programas informáticos, teniendo en cuenta que los sistemas de redes y de información están constituidos por una combinación de equipos, programas informáticos y servicios. La Agencia debe asistir a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros en su diálogo con el sector industrial para hacer frente a los problemas relacionados con la seguridad en los equipos y programas informáticos, contribuyendo de esta forma a un planteamiento de colaboración en relación con la seguridad de las redes y de la información.

(20)

Con el fin de mantener informada a la Agencia y de evitar la duplicación de esfuerzos, deben transmitirse a la Agencia para su información las estrategias de seguridad de las redes y de la información que hagan públicas las instituciones, órganos y organismos de la Unión o los Estados miembros. La Agencia debe analizar las estrategias y promover su presentación en un formato que facilite la comparación. Debe poner las estrategias y su análisis a disposición del público por medios electrónicos.

(21)

La Agencia debe prestar asistencia a la Comisión mediante asesoramiento, dictámenes y análisis en todos los asuntos de la Unión relacionados con la formulación de políticas en el ámbito de la seguridad de las redes y de la información, con inclusión de la protección de infraestructuras críticas de información y la resistencia. La Agencia debe también asistir a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y, cuando proceda, a los Estados miembros que lo soliciten, en sus esfuerzos por desarrollar una política y una capacidad en materia de seguridad de las redes y de la información.

(22)

La Agencia debe tener plenamente en cuenta las actividades actualmente en curso de investigación, desarrollo y evaluación tecnológica, en especial las llevadas a cabo por las distintas iniciativas de investigación de la Unión, para asesorar a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y, cuando proceda, a los Estados miembros que lo soliciten sobre las necesidades de investigación en el ámbito de la seguridad de las redes y de la información.

(23)

La Agencia debe asistir a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a los Estados miembros en sus esfuerzos por conformar y mejorar la capacidad y la preparación transfronterizas para prevenir, detectar y dar respuesta a los problemas e incidentes relacionados con la seguridad de las redes y de la información. En este contexto, la Agencia debe facilitar la cooperación entre los Estados miembros y entre la Comisión y otras instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Estados miembros. A tal efecto, la Agencia debe respaldar a los Estados miembros que se lo soliciten en sus esfuerzos permanentes por mejorar su capacidad de respuesta y organizar y llevar a cabo ejercicios europeos de ciberseguridad y, a instancias de un Estado miembro, ejercicios nacionales.

(24)

Para comprender mejor los retos en el campo de la seguridad de las redes y de la información, la Agencia necesita analizar los riesgos actuales y emergentes. A tal efecto, la Agencia, en cooperación con los Estados miembros y, si procede, con los organismos estadísticos o de otro tipo, debe recopilar la información pertinente. Además, la Agencia debe asistir a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a los Estados miembros en sus esfuerzos por recopilar, analizar y difundir datos sobre la seguridad de las redes y de la información. La recopilación de la información y los datos estadísticos adecuados que se requieren para llevar a cabo los análisis de los riesgos para la seguridad y resistencia de las comunicaciones, infraestructuras y servicios electrónicos debe llevarse a cabo sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros y el conocimiento de la Agencia de las infraestructuras de las TIC de las instituciones de la Unión, de conformidad con las disposiciones de la Unión y las disposiciones nacionales acordes con el Derecho de la Unión. Basándose en dicha información, la Agencia debe mantenerse al día de la situación más reciente de la seguridad de las redes y de la información y de las tendencias en este ámbito en la Unión en beneficio de las instituciones órganos y organismos de la Unión, y de los Estados miembros.

(25)

Al desempeñar sus funciones, la Agencia debe facilitar la cooperación entre la Unión y los Estados miembros para mejorar el conocimiento sobre el estado de la seguridad de las redes y de la información en la Unión.

(26)

La Agencia debe facilitar la cooperación entre las autoridades de reglamentación independientes competentes de los Estados miembros, en particular respaldando el desarrollo, la promoción y el intercambio de buenas prácticas y normas para los programas de educación y de sensibilización. Un mayor intercambio de información entre Estados miembros facilitará tales actuaciones. La Agencia debe contribuir a la sensibilización de los usuarios de las comunicaciones, infraestructuras y servicios electrónicos, entre otras formas, asistiendo a los Estados miembros que opten por recurrir a la plataforma de información de interés público prevista en la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (10), para que presenten la información de interés público relevante en materia de seguridad de las redes y de la información y asistiendo también en el desarrollo de dicha información para incluirla en la oferta de nuevos dispositivos destinados al uso en redes públicas de comunicación. La Agencia debe apoyar también la cooperación entre las partes interesadas a nivel de la Unión, entre otras cosas promoviendo el intercambio de información, las campañas de sensibilización y los programas de educación y formación.

(27)

La Agencia debe, entre otras cosas, ayudar a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a los Estados miembros en campañas de educación pública destinadas a los usuarios finales, con miras a promover comportamientos individuales en línea más seguros y a concienciar sobre las amenazas potenciales en el ciberespacio, incluyendo ciberdelitos como los ataques por suplantación de identidad (phishing), las redes infectadas (botnets) o los fraudes bancarios y financieros, así como dar consejos básicos en materia de autentificación y protección de datos.

(28)

Para garantizar que alcanza plenamente sus objetivos, la Agencia debe estar en contacto con los organismos pertinentes, incluidos los que se dedican a la lucha contra la ciberdelincuencia, como Europol, y a la protección de la intimidad, para intercambiar conocimientos y mejores prácticas y facilitar asesoramiento sobre los aspectos de la seguridad de las redes y de la información que pudieran tener repercusiones en su labor. La Agencia debe proponerse crear sinergias entre los esfuerzos realizados por dichos organismos y por ella misma para fomentar una mayor seguridad de las redes y de la información. Los representantes de las autoridades nacionales y de la Unión encargadas de hacer cumplir la ley y proteger la intimidad deben poder estar representados en el Grupo Permanente de Partes Interesadas de la Agencia. En sus relaciones con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los aspectos relacionados con la seguridad de las redes y de la información que puedan tener repercusiones en el trabajo de dichos organismos, la Agencia debe respetar los canales de información y las redes existentes.

(29)

La Comisión ha puesto en marcha una asociación público-privada europea en materia de resistencia como plataforma de cooperación flexible a escala de la Unión en favor de la resistencia de la infraestructura de las TIC, en la que la Agencia debe desempeñar una función facilitadora reuniendo a las partes interesadas, a fin de debatir las prioridades de la política pública, las dimensiones económicas y de mercado de los retos y las medidas en favor de la resistencia de la infraestructura de las TIC.

(30)

Para promover la seguridad de las redes y de la información y su proyección pública, la Agencia debe facilitar la cooperación entre los organismos públicos competentes de los Estados miembros, en particular apoyando el desarrollo y el intercambio de buenas prácticas y programas de sensibilización y mejorando las actividades de promoción. La Agencia debe apoyar también la cooperación entre las partes interesadas y las instituciones de la Unión, entre otras cosas promoviendo el intercambio de información y las actividades de sensibilización.

(31)

Para fomentar un nivel avanzado de seguridad de las redes y de la información en la Unión, la Agencia debe promover la cooperación y el intercambio de información y buenas prácticas entre los organismos pertinentes, como los Equipos de intervención ante incidentes de seguridad informática (CSIRT) y los Equipos de intervención ante emergencias informáticas (CERT).

(32)

La infraestructura de seguridad de las redes y de la información de la Unión debe tener como uno de sus pilares a un sistema de CERT a escala de la Unión que funcione satisfactoriamente. La Agencia debe apoyar a los CERT de los Estados miembros y de la Unión en el funcionamiento de una red de CERT que incluya a los miembros del Grupo de CERT gubernamentales europeos. Para contribuir a garantizar que todos los CERT cuentan con capacidades suficientemente avanzadas y que dichas capacidades corresponden, en la medida de lo posible, a las capacidades de los CERT más avanzados, la Agencia debe promover la creación y el funcionamiento de un sistema de revisión interpares. Además, la Agencia debe promover y apoyar la cooperación entre los CERT pertinentes en caso de incidentes, ataques o perturbaciones en las redes o sistemas gestionados o protegidos por los CERT y que impliquen o puedan implicar a varios de CERT.

(33)

Las políticas de seguridad de redes e información eficientes deben basarse en métodos de evaluación de riesgos bien desarrollados, tanto en el sector público como en el privado. Los métodos y procedimientos de evaluación de riesgos se utilizan en distintos niveles sin que existan prácticas comunes para su aplicación eficiente. La promoción y el desarrollo de las buenas prácticas de evaluación de riesgos y de soluciones interoperables de gestión de riesgos en las organizaciones de los sectores público y privado incrementarán el nivel de seguridad de las redes y los sistemas de información en la Unión. A tal efecto, la Agencia debe apoyar la cooperación entre las partes interesadas a escala de la Unión, facilitando sus esfuerzos en relación con el establecimiento y la adopción de normas a escala europea e internacional para la gestión del riesgo y la seguridad mensurable de los productos, sistemas, redes y servicios, que, junto a los programas informáticos, conforman los sistemas de redes y de información.

(34)

Cuando resulte adecuado y conveniente para la realización de sus objetivos y funciones, la Agencia debe compartir experiencia e información general con las instituciones, órganos y organismos de la Unión que se ocupen de la seguridad de las redes y la información. La Agencia debe contribuir a identificar las prioridades de investigación, a escala de la Unión, en los ámbitos de la resistencia de las redes y de la seguridad de estas y de la información, y facilitar a instituciones de investigación pertinentes el conocimiento de las necesidades de la industria.

(35)

La Agencia debe alentar a los Estados miembros y los proveedores de servicios a aumentar sus niveles generales de seguridad, a fin de que todos los usuarios de internet tomen las medidas necesarias para garantizar su propia ciberseguridad personal.

(36)

Los problemas de seguridad de las redes y de la información son problemas de alcance mundial. Es necesaria una cooperación internacional más estrecha para mejorar las normas de seguridad, incluida la definición de normas de comportamiento y códigos de conducta comunes, y el intercambio de información, promoviendo una colaboración internacional que responda con mayor prontitud, así como un enfoque mundial común en relación con los problemas de la seguridad de las redes y de la información. A tal efecto, la Agencia debe respaldar una mayor participación de la Unión y la cooperación con los terceros países y las organizaciones internacionales proporcionando, cuando proceda, los conocimientos y el análisis necesarios a las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

(37)

La Agencia debe actuar de conformidad con el principio de subsidiariedad, garantizando un grado de coordinación adecuado entre los Estados miembros en las cuestiones relacionadas con la seguridad de las redes y de la información y mejorando la eficacia de las políticas nacionales, aportándoles así valor añadido, y de conformidad con el principio de proporcionalidad, no excediendo de lo necesario para alcanzar los objetivos fijados por el presente Reglamento. El ejercicio de las funciones de la Agencia debe reforzar y no interferir, obstaculizar ni solaparse con competencias y funciones correspondientes de las autoridades nacionales de reglamentación contempladas en las Directivas relacionadas con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, así como con las del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) establecido por el Reglamento (CE) no 1211/2009 (11) y el Comité de comunicaciones a que se refiere la Directiva 2002/21/CE, de los organismos europeos de normalización, los organismos nacionales de normalización y el Comité permanente que crea la Directiva 98/34/CE (12) y las autoridades de supervisión independientes de los Estados miembros según lo establecido en la Directiva 95/46/CE.

(38)

Es necesario aplicar determinados principios al gobierno de la Agencia con el fin de atenerse a la declaración conjunta y el enfoque común alcanzado en julio de 2012 sobre las agencias descentralizadas aprobado por el Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias descentralizadas, siendo la finalidad de dicha declaración conjunta y enfoque común la racionalización las actividades de las agencias y mejorar su rendimiento.

(39)

La declaración conjunta y el enfoque común también han de quedar reflejados, cuando proceda, en los programas de trabajo de la Agencia, sus evaluaciones y sus prácticas administrativas de presentación de informes.

(40)

Para que la Agencia funcione correctamente, la Comisión y los Estados miembros deben garantizar que las personas que propongan para ser miembros del Consejo de Administración dispongan de las competencias profesionales adecuadas. La Comisión y los Estados miembros deben asimismo tratar de limitar la rotación de sus respectivos representantes en el Consejo de Administración con el fin de garantizar la continuidad en su labor.

(41)

Es fundamental que la Agencia se gane y mantenga una reputación de imparcialidad, integridad y alto nivel profesional. Por consiguiente, el Consejo de Administración debe adoptar normas exhaustivas para la prevención y gestión de conflictos de interés que abarquen a toda la Agencia.

(42)

Dadas las circunstancias excepcionales de la Agencia y la dificultad de los retos que afronta, se debe simplificar y reforzar su estructura organizativa para lograr incrementar la eficiencia y la eficacia. Por tanto, y entre otras medidas, se ha de crear un Comité Ejecutivo, de modo que el Consejo de Administración se centre en cuestiones de importancia estratégica.

(43)

El Consejo de Administración debe nombrar un contable de conformidad con las normas contenidas en el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 (Reglamento Financiero) (13).

(44)

A fin de garantizar la eficacia de la Agencia, los Estados miembros y la Comisión deben estar representados en un Consejo de Administración que debe definir la orientación general del funcionamiento de la Agencia y garantizar que desempeña su cometido de conformidad con el presente Reglamento. El Consejo de Administración debe estar dotado de las facultades necesarias para establecer el presupuesto, supervisar su ejecución, aprobar el correspondiente reglamento financiero, establecer procedimientos de trabajo transparentes para la toma de decisiones por la Agencia, aprobar el programa de trabajo de la Agencia, su propio reglamento y el reglamento operativo interno de la Agencia, nombrar al director ejecutivo, decidir la prolongación del mandato del director ejecutivo tras consultar al Parlamento Europeo y decidir sobre el cese de dicho mandato. El Consejo de Administración debe crear un Comité Ejecutivo que le asista en el desempeño de su cometido en tareas administrativas y presupuestarias.

(45)

En aras del buen funcionamiento de la Agencia, es preciso que su director ejecutivo sea nombrado atendiendo a sus méritos y a su capacidad administrativa y de gestión debidamente acreditada, así como a su competencia y experiencia en relación con la seguridad de las redes y de la información. También es necesario que el director ejecutivo desempeñe sus obligaciones con completa independencia en lo tocante a la organización del funcionamiento interno de la Agencia. A tal efecto, el director ejecutivo debe preparar una propuesta de programa de trabajo de la Agencia, previa consulta con la Comisión, y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución de dicho programa de trabajo. El director ejecutivo debe preparar un proyecto de informe anual que presentará al consejo de administración, redactar un proyecto de declaración de las previsiones de ingresos y gastos de la Agencia y ejecutar el presupuesto.

(46)

El director ejecutivo debe tener la posibilidad de crear grupos de trabajo ad hoc para que examinen asuntos concretos, en particular los de índole científica, técnica o jurídica o socioeconómica. Para la creación de grupos de trabajo ad hoc, el director ejecutivo debe solicitar y utilizar las aportaciones de los expertos exteriores pertinentes necesarios para que la Agencia tenga acceso a la información más actualizada de que se disponga en relación con los retos en materia de seguridad que plantea la evolución de la sociedad de la información. El director ejecutivo debe garantizar que los miembros de los grupos de trabajo ad hoc sean seleccionados entre los expertos de mayor nivel, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de lograr un equilibrio adecuado, según proceda en función de las cuestiones específicas, entre las administraciones públicas de los Estados miembros, las instituciones de la Unión, el sector privado, incluida la industria, los usuarios y los expertos académicos en seguridad de las redes y de la información. Cuando sea conveniente y caso por caso, el director ejecutivo debe poder invitar a participar en los procedimientos de los grupos de trabajo a expertos individuales de reconocida competencia en el ámbito de que se trate. La Agencia debe sufragar los gastos de estas personas con arreglo a su reglamento interno y de conformidad con las normas adoptadas con arreglo al Reglamento Financiero.

(47)

La Agencia debe contar con un Grupo Permanente de Partes Interesadas en calidad de organismo consultivo, a fin de garantizar un diálogo sistemático con el sector privado, las organizaciones de consumidores y otras partes interesadas pertinentes. El Grupo Permanente de Partes Interesadas, establecido por el Consejo de Administración a propuesta del director ejecutivo, debe centrarse en cuestiones que afecten a las partes interesadas y ponerlas en conocimiento de la Agencia. El director ejecutivo debe poder, cuando proceda y de acuerdo con el orden del día de las reuniones, invitar a representantes del Parlamento Europeo y de otros organismos pertinentes a que participen en reuniones del Grupo.

(48)

Dado que las partes interesadas están ampliamente representadas en el Grupo Permanente de Partes Interesadas y que este Grupo ha de ser consultado, entre otras cuestiones, a propósito del proyecto de programa de trabajo, ya no es necesario establecer que las partes interesadas estén representadas en el Consejo de Administración.

(49)

La Agencia debe aplicar las disposiciones pertinentes de la Unión relativa al acceso del público a los documentos, tal y como se establece en el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). La información tratada por la Agencia a efectos de su funcionamiento interno así como la información tratada durante la realización de sus actividades debe estar sujeta a las disposiciones del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (15).

(50)

La Agencia debe cumplir las disposiciones aplicables a las instituciones de la Unión, así como la legislación nacional en materia de tratamiento de documentos de carácter sensible.

(51)

Con el fin de garantizar la plena autonomía e independencia de la Agencia y para que pueda llevar a cabo tareas adicionales y nuevas, incluidas tareas de emergencia imprevistas, se considera necesario conceder a la Agencia un presupuesto suficiente y autónomo cuyos ingresos procedan principalmente de una contribución de la Unión y de contribuciones de los terceros países que participen en los trabajos de la misma. La mayoría del personal de la Agencia debe estar dedicado directamente a la aplicación operativa del mandato de la Agencia. Debe permitirse que el Estado miembro que la acoge, o cualquier otro Estado miembro, efectúe aportaciones voluntarias a los ingresos de la Agencia. El procedimiento presupuestario de la Unión deber seguir siendo aplicable por lo que respecta a las subvenciones imputables al presupuesto general de la Unión Europea. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo debe realizar una auditoría de las cuentas de la Agencia para garantizar transparencia y responsabilidad.

(52)

Dados el panorama siempre cambiante de las amenazas y la evolución de la política de la Unión en materia de seguridad de las redes y de la información, y con el fin de ajustarse al marco financiero plurianual, la duración del mandato de la Agencia debe limitarse a un período de siete años, con posibilidad de prorrogar dicho plazo.

(53)

Las actividades de la Agencia deben evaluarse de modo independiente. La evaluación debe analizar la eficacia de la Agencia en el logro de sus objetivos y a sus prácticas de trabajo y la pertinencia de sus tareas, a fin de determinar si siguen siendo válidos o no los objetivos de la Agencia y, sobre esta base, si debe prorrogarse la duración de sus mandato y cuánto debe durar tal prórroga.

(54)

Si hacia el final de la duración del mandato de la Agencia, la Comisión no ha presentado una propuesta de prórroga del mandato, la Agencia y la Comisión deben tomar las medidas que procedan, en particular por lo que se refiere a los contratos laborales y las medidas presupuestarias.

(55)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de un Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea con el fin de contribuir a un nivel elevado de seguridad de las redes y de la información en la Unión y a fin de sensibilizar a la sociedad y desarrollar y promover en ella una cultura de la seguridad de las redes y de la información en beneficio de los ciudadanos, los consumidores, las empresas y las organizaciones del sector público de la Unión, contribuyendo así a la realización y al correcto funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(56)

El Reglamento (CE) no 460/2004 debe ser derogado.

(57)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado, de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 y emitió su dictamen el 20 de diciembre de 2010 (16).

a)

apoyar el desarrollo de la política y la legislación de la Unión:

b)

apoyar la creación de capacidades:

c)

apoyar la cooperación voluntaria entre los organismos públicos competentes, y entre las partes interesadas públicas y privadas, incluidas las universidades y los centros de investigación de la Unión, y las actividades de sensibilización, entre otros medios:

d)

apoyar la investigación, el desarrollo y la normalización:

e)

cooperar con las instituciones, órganos y organismos de la Unión, incluidos los dedicados a la lucha contra la ciberdelincuencia y a la protección de la intimidad y los datos personales, con vistas a abordar cuestiones de interés común, entre otros medios:

f)

contribuir a los esfuerzos de la Unión por cooperar con terceros países y organizaciones internacionales a fin de promover la cooperación internacional en relación con los problemas de la seguridad de las redes y de la información, entre otros medios:

a)

un Consejo de Administración;

b)

un director ejecutivo y el personal, y

c)

un Grupo Permanente de Partes Interesadas.

a)

administrar los asuntos corrientes de la Agencia;

b)

ejecutar las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración;

c)

previa consulta con el Consejo de Administración, preparar el programa de trabajo anual y el programa de trabajo plurianual y presentarlos al Consejo de Administración, previa consulta con la Comisión;

d)

aplicar el programa de trabajo anual y el programa de trabajo plurianual e informar de su aplicación al Consejo de Administración;

e)

preparar el informe anual de las actividades de la Agencia y presentarlo a la aprobación del Consejo de Administración;

f)

preparar un plan de acción para el seguimiento de las conclusiones de las evaluaciones retrospectivas e informar cada dos años a la Comisión sobre el progreso a este respecto;

g)

proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales, mediante controles eficaces y, en caso de detectarse irregularidades, mediante la recuperación de los importes abonados indebidamente y, cuando proceda, mediante sanciones administrativas y financieras que sean eficaces, proporcionales y disuasorias;

h)

preparar una estrategia antifraude para la Agencia y presentarla a la aprobación del Consejo de Administración;

i)

garantizar que la Agencia lleve a cabo sus actividades de conformidad con los requisitos de los usuarios de sus servicios, en particular en lo referente a la idoneidad de los servicios prestados;

j)

crear y mantener contactos con las instituciones, órganos y organismos de la Unión;

k)

crear y mantener contactos con la comunidad empresarial y las organizaciones de consumidores para garantizar un diálogo continuado con las partes interesadas pertinentes;

l)

otras funciones que el presente Reglamento asigne al director ejecutivo.

a)

el Parlamento Europeo;

b)

el Consejo;

c)

la Comisión;

d)

cualquier organismo competente designado por un Estado miembro, como por ejemplo una autoridad nacional de reglamentación según se define en el artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE.

18.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/59

(1)

Las negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica (en lo sucesivo, «los acuerdos») entre:

(2)

La finalización de las negociaciones relativas a los acuerdos por parte de Antigua y Barbuda, Commonwealth de las Bahamas, Barbados, Belice, la República de Botsuana, la República de Burundi, la República de Camerún, la Unión de las Comoras, la República de Costa de Marfil, la Commonwealth de Dominica, la República Dominicana, la República de Fiyi, la República de Ghana, Granada, la República Cooperativa de Guyana, la República de Haití, Jamaica, la República de Kenia, el Reino de Lesotho, la República de Madagascar, la República de Mauricio, la República de Mozambique, la República de Namibia, el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, la República de Ruanda, la Federación de San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, la República de Seychelles, el Reino de Suazilandia, la República de Surinam, la República Unida de Tanzania, la República de Trinidad y Tobago, la República de Uganda, la República de Zambia y la República de Zimbabue ha permitido su inclusión en el anexo I del Reglamento (CE) no 1528/2007 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se aplica el régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su establecimiento (2).

(3)

La República de Botsuana, la República de Burundi, la República de Camerún, la Unión de las Comoras, la República de Costa de Marfil, la República de Fiyi, la República de Ghana, la República de Haití, la República de Kenia, el Reino de Lesotho, la República de Mozambique, la República de Namibia, la República de Ruanda, el Reino de Suazilandia, la República Unida de Tanzania, la República de Uganda y la República de Zambia no han dado los pasos necesarios hacia la ratificación de sus acuerdos respectivos.

(4)

Por tanto, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1528/2007 y, en particular, de su letra b), el anexo I de dicho Reglamento debe modificarse para suprimir esos países del mencionado anexo.

(5)

Para asegurarse de que esos países puedan volver a incluirse rápidamente en el anexo I del Reglamento (CE) no 1528/2007 en cuanto hayan dado los pasos necesarios hacia la ratificación de sus acuerdos respectivos, y a la espera de su entrada en vigor, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la reincorporación de los países suprimidos del anexo I del Reglamento (CE) no 1528/2007 en virtud del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. A la hora de preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

1)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 2 bis

Delegación de poderes

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 2 ter, a fin de modificar el anexo I del presente Reglamento y volver a incluir aquellas o aquellos Estados del grupo de Estados ACP que fueron suprimidos de dicho anexo en virtud del Reglamento (UE) no 527/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y que, tras esa supresión, hayan dado los pasos necesarios hacia la ratificación de sus respectivos acuerdos.

Artículo 2 ter

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 2 bis se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 21 de junio de 2013. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de la misma duración, salvo cuando el Parlamento Europeo y el Consejo se opongan a dicha prórroga a más tardar tres meses antes de que finalice cada período.

3.   La delegación de poderes a que se refiere el artículo 2 bis podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2 bis entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguno de estos formula objeciones, o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

2)

El anexo I se sustituye por el texto del anexo del presente Reglamento.

18.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/62

(1)

El Reglamento (CE) n.o 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (3), tiene por objeto sustituir el Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (4). El Reglamento (CE) n.o 450/2008 entró en vigor el 24 de junio de 2008, pero, con arreglo a su artículo 188, apartado 2, será de aplicación solo cuando sean aplicables sus medidas de aplicación, a más tardar, el 24 de junio de 2013.

(2)

El 20 de febrero de 2012, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de Reglamento por el que se establece el código aduanero de la Unión, en forma de versión refundida del Reglamento (CE) n.o 450/2008, para sustituirlo antes de su fecha límite de aplicación de 24 de junio de 2013. Sin embargo, el procedimiento legislativo ordinario no puede concluirse a tiempo para permitir la adopción y la entrada en vigor de la propuesta de Reglamento antes de dicha fecha. A falta de una acción legislativa correctora, el Reglamento (CE) n.o 450/2008 entraría por lo tanto en vigor el 24 de junio de 2013 y el Reglamento (CEE) n.o 2913/92 quedaría derogado. Esto generaría incertidumbre jurídica en torno a la legislación aduanera realmente aplicable a partir de esa fecha, y sería un obstáculo al mantenimiento de un marco jurídico completo y coherente de la Unión para los asuntos aduaneros a la espera de la adopción de la propuesta de Reglamento.

(3)

Para evitar estos graves problemas relativos a la legislación aduanera de la Unión y dar al Parlamento Europeo y al Consejo tiempo suficiente para completar el procedimiento de adopción del texto refundido del código aduanero de la Unión, debe posponerse la fecha límite de aplicación del Reglamento (CE) n.o 450/2008, establecida en el segundo párrafo del artículo 188, apartado 2, de este. La nueva fecha de aplicación que se considera adecuada a tal efecto es el 1 de noviembre de 2013.

4)

Dada la urgencia de la cuestión, debe establecerse una excepción al plazo de ocho semanas al que hace referencia el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

5)

Por lo tanto, procede modificar en consecuencia el Reglamento (CE) n.o 450/2008.

18.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/63

(1)

En el artículo 169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se establece que la Unión debe contribuir a lograr un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en virtud del artículo 114 del TFUE. En el artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se dispone que en las políticas de la Unión ha de garantizarse un nivel elevado de protección de los consumidores.

(2)

Con arreglo al artículo 26, apartado 2, del TFUE, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que está garantizada la libre circulación de mercancías y servicios. El mercado interior debe proporcionar a los consumidores un valor añadido en forma de mejor calidad, mayor variedad, precios razonables y normas elevadas de seguridad para mercancías y servicios, contribuyendo así a un alto nivel de protección de los consumidores.

(3)

La fragmentación del mercado interior es perjudicial para la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo dentro de la Unión. Para la realización del mercado interior, es fundamental eliminar los obstáculos directos e indirectos que impiden su buen funcionamiento y reforzar la confianza de los ciudadanos.

(4)

La garantía de un acceso a vías sencillas, eficaces, rápidas y asequibles para resolver los litigios nacionales y transfronterizos derivados de contratos de compraventa o de prestación de servicios debe beneficiar a los consumidores y, por consiguiente, reforzar su confianza en el mercado. Dicho acceso debe garantizarse tanto para las transacciones en línea como para las que no lo son, siendo especialmente importante cuando los consumidores compran en otro país.

(5)

La resolución alternativa de litigios ofrece una solución extrajudicial sencilla, rápida y asequible para los litigios entre los consumidores y los comerciantes. Sin embargo, la resolución alternativa de litigios no está desarrollada todavía de manera suficiente y coherente en toda la Unión. Desafortunadamente, a pesar de las Recomendaciones de la Comisión 98/257/CE, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (3), y 2001/310/CE, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (4), los mecanismos de resolución alternativa de litigios no se han establecido correctamente ni funcionan satisfactoriamente en todas las áreas geográficas o sectores empresariales de la Unión. Los consumidores y los comerciantes siguen sin conocer las vías de recurso extrajudicial, ya que solo un pequeño porcentaje de ciudadanos sabe cómo presentar una reclamación ante una entidad de resolución alternativa de litigios («entidad de resolución alternativa»). En los casos en que existen procedimientos de resolución alternativa de litigios («procedimientos de resolución alternativa»), sus niveles de calidad varían de forma considerable entre los Estados miembros, y con frecuencia las entidades de resolución alternativa no tramitan de forma eficaz los litigios transfronterizos.

(6)

Las disparidades en términos de cobertura, calidad y conocimiento de la resolución alternativa de litigios en los distintos Estados miembros constituyen un obstáculo para el mercado interior y se hallan entre las razones por las cuales muchos consumidores se abstienen de comprar más allá de las fronteras y no confían en que los posibles litigios con los comerciantes puedan resolverse de un modo sencillo, rápido y asequible. Por los mismos motivos, podría suceder que los comerciantes se abstengan de vender sus productos a los consumidores de otros Estados miembros en los que el acceso a procedimientos de resolución alternativa de alta calidad sea insuficiente. Además, los comerciantes establecidos en un Estado miembro en el que no se cuente con suficientes procedimientos de resolución alternativa de alta calidad se ven en una posición de desventaja competitiva respecto de los comerciantes que sí tienen acceso a tales procedimientos y pueden, por consiguiente, resolver los litigios con consumidores de manera más rápida y económica.

(7)

Para que los consumidores puedan aprovechar plenamente el potencial del mercado interior, es necesario que la resolución alternativa pueda aplicarse a todos los tipos de litigios, nacionales y transfronterizos, incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, que los procedimientos de resolución alternativa cumplan unos requisitos de calidad coherentes aplicables en toda la Unión, y que los consumidores y los comerciantes conozcan la existencia de dichos procedimientos. Debido al incremento del comercio y la circulación de personas con carácter transfronterizo, también es importante que las entidades de resolución alternativa tramiten los litigios transfronterizos de manera eficaz.

(8)

Como preconiza el Parlamento Europeo en sus Resoluciones de 25 de octubre de 2011, sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho civil, mercantil y de familia, y de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos, cualquier enfoque global del mercado único que ofrezca resultados a sus ciudadanos debe desarrollar prioritariamente un sistema de recurso sencillo, asequible, rápido y accesible.

(9)

En su Comunicación de 13 de abril de 2011 titulada «Acta del Mercado Único — Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza — "Juntos por un nuevo crecimiento" », la Comisión identificó la legislación sobre resolución alternativa de litigios, incluida la dimensión del comercio electrónico, como una de las doce prioridades para estimular el crecimiento, reforzar la confianza y avanzar en la realización del mercado único.

(10)

En sus conclusiones de 24 y 25 de marzo y de 23 de octubre de 2011, el Consejo Europeo invitó al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar, antes de que terminase 2012, un primer conjunto de medidas prioritarias con el fin de dar un nuevo impulso al mercado único. Además, en sus conclusiones de 30 de mayo de 2011 sobre las prioridades para relanzar el mercado único, el Consejo de la Unión Europea destacaba la importancia del comercio electrónico y coincidía en que los sistemas de resolución alternativa de litigios en materia de consumo pueden constituir un sistema de recurso asequible, sencillo y rápido para los consumidores y los comerciantes. Para llevar a la práctica con éxito estos sistemas, es necesario un compromiso político y un apoyo continuados de todas las partes interesadas, sin poner en peligro la asequibilidad, la transparencia, la flexibilidad, la rapidez y la calidad de la toma de decisiones de las entidades de resolución alternativa incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(11)

Dada la creciente importancia del comercio en línea y, en particular, del comercio transfronterizo como pilar de la actividad económica de la Unión, es necesario contar con una infraestructura para la resolución alternativa de litigios en materia de consumo que funcione correctamente y con un marco para la resolución de litigios en línea en materia de consumo derivados de transacciones en línea que esté convenientemente integrado, a fin de lograr el objetivo del Acta del Mercado Único de reforzar la confianza de los ciudadanos en el mercado interior.

(12)

La presente Directiva y el Reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (5), son dos instrumentos legislativos interrelacionados y complementarios. El Reglamento (UE) no 524/2013 establece la creación de una plataforma de resolución de litigios en línea que ofrece a los consumidores y a los comerciantes una ventanilla única para la resolución extrajudicial de litigios en línea mediante entidades de resolución alternativa que están vinculadas a esa plataforma y que ofrecen la resolución alternativa a través de procedimientos de calidad. Contar con entidades de resolución alternativa de calidad en toda la Unión constituye, pues, un requisito previo para el correcto funcionamiento de dicha plataforma.

(13)

La presente Directiva no debe aplicarse a los servicios no económicos de interés general. Son servicios no económicos aquellos que no se prestan por un interés económico. Por tal motivo, los servicios no económicos de interés general prestados por el Estado o en su nombre sin recibir una retribución a cambio no deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, independientemente de la forma jurídica que revista su prestación.

(14)

La presente Directiva no debe aplicarse a los servicios de atención sanitaria definidos en el artículo 3, letra a), de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (6).

(15)

El desarrollo en la Unión de un sistema adecuado de resolución alternativa de litigios es necesario para reforzar la confianza de los consumidores en el mercado interior, incluido el ámbito del comercio en línea, y para desarrollar plenamente el potencial y las oportunidades del comercio transfronterizo y en línea. Dicho desarrollo debe basarse en los procedimientos de resolución alternativa existentes en los Estados miembros y en el respeto de sus respectivas tradiciones jurídicas. Las entidades de resolución de litigios, tanto ya existentes como nuevas, que funcionen correctamente y cumplan los requisitos de calidad establecidos en la presente Directiva deben considerarse «entidades de resolución alternativa» en el sentido de la presente Directiva. La difusión de la resolución alternativa de litigios puede también resultar importante en aquellos Estados miembros en que existe una considerable acumulación de asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales, lo que impide a los ciudadanos de la Unión ejercer su derecho a un juicio justo dentro de un plazo razonable.

(16)

La presente Directiva debe aplicarse a los litigios entre consumidores y comerciantes relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios, celebrados o no en línea, en todos los sectores económicos menos los exceptuados. En esta categoría deben incluirse los litigios derivados de la venta o el suministro de contenidos digitales a cambio de una retribución. La presente Directiva debe aplicarse a las reclamaciones presentadas por consumidores contra comerciantes. No debe aplicarse a las reclamaciones presentadas por comerciantes contra consumidores, ni a los litigios entre comerciantes. Sin embargo, no debe impedir que los Estados miembros adopten o mantengan en vigor disposiciones sobre procedimientos para la resolución extrajudicial de dichos litigios.

(17)

Se debe permitir que los Estados miembros mantengan o introduzcan disposiciones nacionales relativas a procedimientos no regulados por la presente Directiva, como procedimientos internos de tramitación de reclamaciones gestionados por el comerciante. Tales procedimientos internos de tramitación de reclamaciones pueden constituir un medio eficaz de resolución temprana de litigios en materia de consumo.

(18)

La definición de «consumidor» debe incluir a las personas físicas que actúan con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión. No obstante, si el contrato se celebra con un propósito en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona (contratos de doble finalidad) y el propósito comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del suministro, dicha persona debe ser considerada un consumidor.

(19)

Algunos actos jurídicos vigentes de la Unión ya contienen disposiciones en materia de resolución alternativa de litigios. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, debe disponerse que, en caso de conflicto, prevalezca la presente Directiva, excepto en los casos en que esta prevea expresamente otra cosa. En particular, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (7), que ya establece un marco para los sistemas de mediación en el ámbito de la Unión en litigios transfronterizos, sin perjuicio de la aplicación de la citada Directiva a los sistemas internos de mediación. La presente Directiva está destinada a aplicarse de manera horizontal a todo tipo de procedimientos de resolución alternativa, incluidos los regulados por la Directiva 2008/52/CE.

(20)

Las entidades de resolución alternativa son muy diversas en la Unión, pero también dentro de los Estados miembros. La presente Directiva debe aplicarse a cualquier entidad establecida de manera duradera, que ofrezca la resolución de un litigio entre un consumidor y un comerciante mediante un procedimiento de resolución alternativa y que haya sido incluida en lista con arreglo a la presente Directiva. La presente Directiva también debe aplicarse a las entidades de resolución de litigios autorizadas por los Estados miembros a imponer soluciones vinculantes para las partes. Sin embargo, un procedimiento extrajudicial creado ad hoc para un único litigio entre un consumidor y un comerciante no debe considerarse un procedimiento de resolución alternativa.

(21)

Los procedimientos de resolución alternativa son muy variados, tanto en la Unión como en el interior de los Estados miembros. Pueden adoptar la forma de procedimientos en los que la entidad de resolución alternativa reúne a las partes con el fin de facilitar una solución amistosa, de procedimientos en los que dicha entidad propone una solución, o de procedimientos en los que impone una solución. También pueden adoptar la forma de una combinación de dos o más de estos procedimientos. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la forma que revistan los procedimientos de resolución alternativa en los Estados miembros.

(22)

Los procedimientos ante entidades de resolución de litigios en los que las personas físicas responsables de su resolución son contratadas por el comerciante o reciben cualquier tipo de retribución exclusivamente del comerciante probablemente se vean afectados por un conflicto de intereses. Por consiguiente, dichos procedimientos deben quedar excluidos, en principio, del ámbito de aplicación de la presente Directiva, a menos que un Estado miembro decida que tales procedimientos pueden reconocerse como procedimientos de resolución alternativa en el marco de la presente Directiva, y a condición de que dichas entidades observen plenamente los requisitos específicos de independencia e imparcialidad que esta establece. Las entidades de resolución alternativa que ofrezcan la resolución de litigios a través de tales procedimientos deben someterse a una evaluación periódica de su cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la presente Directiva, incluidos los requisitos complementarios específicos para garantizar su independencia.

(23)

La presente Directiva no debe aplicarse a procedimientos de sistemas de tratamiento de reclamaciones de los consumidores gestionados por el comerciante ni a las negociaciones directas entre las partes. Además, no debe aplicarse a los intentos realizados por un juez para solucionar un litigio en el marco de un procedimiento judicial relativo a dicho litigio.

(24)

Los Estados miembros deben garantizar que los litigios a los que se aplica la presente Directiva puedan someterse a una entidad de resolución alternativa que cumpla los requisitos establecidos en la presente Directiva y que esté incluida en una lista con arreglo a esta. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de cumplir esta obligación basándose en entidades de resolución alternativa existentes que funcionen correctamente y ajustando su ámbito de aplicación, si es necesario, o previendo la creación de nuevas entidades de resolución alternativa. La presente Directiva no debe obstaculizar el funcionamiento de las entidades de resolución de litigios existentes que operen en el marco de las autoridades nacionales de protección de los consumidores de los Estados miembros, en las que los responsables de la resolución de litigios sean funcionarios. Los funcionarios deben considerarse representantes imparciales de los intereses tanto de los consumidores como de los comerciantes. La presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a crear en cada sector minorista una entidad de resolución alternativa específica. Cuando sea necesario a fin de garantizar la total cobertura sectorial y geográfica del acceso a la resolución alternativa de litigios, así como el acceso efectivo, los Estados miembros deben tener la posibilidad de prever la creación de una entidad de resolución alternativa complementaria que conozca de litigios para cuya resolución no sea competente ninguna entidad de resolución alternativa específica. La finalidad de las entidades de resolución alternativa complementarias es la de constituir una salvaguardia para consumidores y comerciantes, al garantizar que no existan deficiencias en el acceso a una entidad de resolución alternativa.

(25)

La presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros mantengan o introduzcan legislación en materia de procedimientos de resolución extrajudicial de litigios en contratos celebrados con consumidores que sea acorde con los requisitos establecidos en ella. Asimismo, a fin de garantizar que las entidades de resolución alternativa puedan funcionar de manera eficaz, dichas entidades deben tener la posibilidad de mantener o introducir, de acuerdo con las leyes del Estado miembro en que estén establecidas, normas de procedimiento que les permitan negarse a tramitar litigios en determinadas circunstancias, por ejemplo, en el caso de litigios excesivamente complejos que por tal motivo se resolverían más adecuadamente ante un órgano jurisdiccional. No obstante, no debe permitirse que las normas de procedimiento que autoricen a las entidades de resolución alternativa a negarse a tramitar un litigio supongan un impedimento significativo para el acceso de los consumidores a los procedimientos de resolución alternativa, también en el caso de litigios transfronterizos. Así, a la hora de fijar un umbral monetario, los Estados miembros deben tener siempre en cuenta que el valor real de un litigio puede variar entre uno y otro Estado miembro y que, por consiguiente, fijar un umbral desproporcionadamente alto en un Estado miembro podría obstaculizar el acceso de los consumidores de otros Estados miembros a los procedimientos de resolución alternativa. No debe exigirse a los Estados miembros que velen por que el consumidor pueda presentar su reclamación ante otra entidad de resolución alternativa cuando una entidad de resolución alternativa ante la que se haya presentado la reclamación en primer lugar se haya negado a tramitarla atendiendo a sus normas de procedimiento. En tales casos, debe considerarse que los Estados miembros han cumplido con su obligación de garantizar la cobertura total de dichas entidades.

(26)

La presente Directiva debe permitir que los comerciantes establecidos en un Estado miembro estén amparados por una entidad de resolución alternativa establecida en otro Estado miembro. Con objeto de mejorar la cobertura y el acceso de los consumidores a la resolución alternativa de litigios en toda la Unión, los Estados miembros deben estar facultados para recurrir a entidades de resolución alternativa establecidas en otro Estado miembro o a entidades de resolución alternativa regionales, transnacionales o paneuropeas, en las que los comerciantes de distintos Estados miembros estén amparados por la misma entidad de resolución alternativa. Sin embargo, el recurso a entidades de resolución alternativa establecidas en otro Estado miembro o a entidades de resolución alternativa transnacionales o paneuropeas debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de garantizar la cobertura total y el acceso a las entidades de resolución alternativa.

(27)

La presente Directiva no debe constituir un obstáculo para que los Estados miembros mantengan o introduzcan procedimientos de resolución alternativa por los que se tramiten conjuntamente litigios idénticos o similares entre un comerciante y varios consumidores. Deben llevarse a cabo evaluaciones de impacto de las resoluciones extrajudiciales colectivas antes de que tales resoluciones se propongan a escala de la Unión. La existencia de un sistema eficaz de reclamaciones colectivas y un recurso fácil a la resolución alternativa de litigios deben ser complementarios y ambos procedimientos no deben ser excluyentes.

(28)

El tratamiento de información relativa a los litigios regulados por la presente Directiva debe cumplir las normas sobre protección de datos personales establecidas en las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros adoptadas con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (8).

(29)

Durante el procedimiento de resolución alternativa deben respetarse en todo momento la confidencialidad y la privacidad. Debe alentarse a los Estados miembros a proteger la confidencialidad de los procedimientos de resolución alternativa en todo proceso o arbitraje civil o mercantil que pueda tener lugar posteriormente.

(30)

No obstante, los Estados miembros deben velar por que las entidades de resolución alternativa hagan públicos los posibles problemas sistemáticos o significativos que se produzcan con frecuencia y den lugar a litigios entre consumidores y comerciantes. La información que se comunique a este respecto podrá ir acompañada de recomendaciones acerca del modo de evitar o resolver tales problemas en el futuro, con objeto de mejorar las pautas de actuación de los comerciantes y de facilitar el intercambio de información y de buenas prácticas.

(31)

Los Estados miembros deben garantizar que las entidades de resolución alternativa resuelvan los litigios de manera justa, práctica y proporcionada tanto para el consumidor como para el comerciante, con arreglo a una evaluación objetiva de las circunstancias en las que se ha presentado la reclamación y respetando los derechos de las partes.

(32)

La independencia y la integridad de las entidades de resolución alternativa son fundamentales para ganar la confianza de los ciudadanos de la Unión en unos mecanismos de resolución alternativa de litigios que les ofrezcan un resultado justo e independiente. La persona física o el órgano colegiado a cargo de la resolución alternativa de litigios deben gozar de total independencia con respecto a aquellos que pudieran tener algún interés en el resultado y no estar implicados en ningún conflicto de intereses que pueda impedirles adoptar una decisión de manera justa, imparcial e independiente.

(33)

Las personas físicas encargadas de la resolución alternativa de litigios solo deben considerarse imparciales si no pueden estar sometidas a presiones que influyan potencialmente en su actitud hacia el litigio. Con el fin de garantizar la independencia de su actuación, dichas personas deben ser nombradas además por un plazo suficientemente prolongado y no recibir instrucciones de cualquiera de las partes o de sus representantes.

(34)

Con el fin de asegurar que no existan conflictos de intereses, las personas físicas encargadas de la resolución alternativa de litigios deben revelar cualquier circunstancia que pudiera afectar a su independencia e imparcialidad o dar lugar a un conflicto de intereses con cualquiera de las partes en el litigio cuya resolución se les solicite. Tales conflictos podrían consistir en un interés financiero directo o indirecto en el resultado del procedimiento de resolución alternativa, o en cualquier relación personal o mercantil con una o más de una de las partes durante los tres años anteriores a su asunción del cargo, con inclusión de cualquier situación distinta de la resolución alternativa de litigios en la que la persona de que se trate haya actuado por cuenta de una o más de una de las partes, o por cuenta de una organización profesional o asociación empresarial de la que sea miembro alguna de las partes, o por cuenta de cualquier otro miembro de tales organizaciones u asociaciones.

(35)

Es especialmente necesario garantizar que no existan dichas presiones en caso de que las personas físicas encargadas de la resolución alternativa de litigios estén contratadas por el comerciante o reciban cualquier tipo de retribución de este. Por consiguiente, deben establecerse requisitos específicos si los Estados miembros deciden que los procedimientos de resolución de litigios pueden considerarse en tales casos procedimientos de resolución alternativa al amparo de la presente Directiva. En caso de que las personas encargadas de la resolución alternativa de litigios estén contratadas por una organización profesional o una asociación empresarial de la que sea miembro el comerciante o reciban cualquier forma de retribución exclusivamente de tal asociación u organización, deben disponer de un presupuesto independiente y específico que sea suficiente para el desempeño de sus funciones.

(36)

Es esencial para el éxito de la resolución alternativa de litigios, en particular para garantizar la confianza necesaria en sus procedimientos, que las personas físicas encargadas de tal resolución posean los conocimientos especializados necesarios, incluida una comprensión general del Derecho. En particular, dichas personas deben poseer un conocimiento general suficiente en el ámbito jurídico que les permita comprender las implicaciones jurídicas del litigio, sin que tengan la obligación de ser profesionales cualificados del Derecho.

(37)

La aplicabilidad de determinados principios de calidad a los procedimientos de resolución alternativa refuerza la confianza en dichos procedimientos, tanto por parte de los consumidores como de los comerciantes. A escala de la Unión, tales principios de calidad se desarrollaron por primera vez en las Recomendaciones 98/257/CE y 2001/310/CE. Al dar carácter vinculante a algunos de los principios establecidos en las citadas Recomendaciones de la Comisión, la presente Directiva establece un conjunto de requisitos de calidad que se aplican a todos los procedimientos de resolución alternativa llevados a cabo por una entidad de resolución alternativa que haya sido notificada a la Comisión.

(38)

La presente Directiva debe establecer requisitos de calidad para las entidades de resolución alternativa, que deben garantizar el mismo nivel de protección y la igualdad de derechos para los consumidores en los litigios tanto nacionales como transfronterizos. La presente Directiva no será obstáculo para la adopción o el mantenimiento por los Estados miembros de normas más exigentes que las que contempla la presente Directiva.

(39)

Las entidades de resolución alternativa deben ser accesibles y transparentes. A fin de garantizar la transparencia de las entidades y los procedimientos de resolución alternativa, es preciso que las partes reciban, de manera clara y accesible, la información que necesiten para tomar una decisión con conocimiento de causa antes de iniciar un procedimiento de resolución alternativa. No debe exigirse el suministro de dicha información a los comerciantes cuando su participación en dichos procedimientos sea obligatoria con arreglo al Derecho nacional.

(40)

Una entidad de resolución alternativa que funcione correctamente debe resolver con celeridad los procedimientos de resolución de litigios, ya sea o no en línea, y dar a conocer el resultado del procedimiento de resolución alternativa en un plazo de noventa días naturales contado desde la fecha en que haya recibido el expediente de reclamación completo, incluida toda la documentación pertinente relativa a la reclamación. La entidad de resolución alternativa que haya recibido una reclamación debe informar a las partes una vez que haya recibido todos los documentos necesarios para tramitar el procedimiento de resolución alternativa correspondiente. En determinados casos excepcionales de índole particularmente compleja, entre ellos si una de las partes no puede, por razones justificadas, participar en el procedimiento de resolución alternativa, las entidades de resolución alternativa deben poder prorrogar el plazo con el fin de llevar a cabo un examen del caso de que se trate. Debe informarse a las partes de toda prórroga de este tipo, así como, aproximadamente, del plazo que se requerirá para la resolución del litigio.

(41)

Los procedimientos de resolución alternativa deben, preferiblemente, ser gratuitos para el consumidor. En caso de que se cobren costas, tales procedimientos deben ser accesibles, atractivos y asequibles para los consumidores. Con tal propósito, las costas no deben exceder una cuota mínima.

(42)

Los procedimientos de resolución alternativa deben ser justos, de manera que las partes en litigio estén plenamente informadas de sus derechos y de las consecuencias de las elecciones que realicen en el contexto de un procedimiento de resolución alternativa. Las entidades de resolución alternativa deben informar de sus derechos a los consumidores antes de que acepten o actúen de acuerdo con una solución propuesta. Ambas partes también deben poder presentar sus datos y pruebas sin estar físicamente presentes.

(43)

Un acuerdo entre el consumidor y el comerciante de someter una reclamación a la apreciación de una entidad de resolución alternativa no debe ser vinculante para el consumidor cuando se haya celebrado antes de que se materializara el litigio y cuando tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales para la resolución del litigio. Además, en los procedimientos de resolución alternativa que tengan por objeto resolver el litigio imponiendo una solución, la solución impuesta debe tener carácter vinculante para las partes únicamente cuando hayan sido informadas con antelación de ese carácter vinculante y lo hayan aceptado expresamente. No debe exigirse la aceptación expresa por parte del comerciante cuando la normativa nacional disponga que tales soluciones son vinculantes para los comerciantes.

(44)

En los procedimientos de resolución alternativa que tengan por finalidad resolver el litigio mediante la imposición de una solución al consumidor, en caso de que no exista conflicto de leyes, la solución impuesta no debe dar lugar a que el consumidor se vea privado de la protección ofrecida por disposiciones que no puedan excluirse mediante un acuerdo con arreglo a la legislación del Estado miembro en que el consumidor y el comerciante tengan su residencia habitual. En caso de que exista conflicto de leyes, si la ley aplicable al contrato de compraventa o de servicios se determina con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (9), la solución impuesta por la entidad de resolución alternativa no debe dar lugar a que el consumidor se vea privado de la protección ofrecida por disposiciones que no puedan excluirse mediante un acuerdo con arreglo a la legislación del Estado miembro en que el consumidor tenga su residencia habitual. En caso de que exista conflicto de leyes, si la ley aplicable al contrato de compraventa o de servicios se determina con arreglo al artículo 5, apartados 1 a 3, del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (10), la solución impuesta por la entidad de resolución alternativa no debe dar lugar a que el consumidor se vea privado de la protección que le ofrecen las normas jurídicas vinculantes del Estado miembro en el que el consumidor tiene su residencia habitual.

(45)

El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez imparcial forman parte de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, los procedimientos de resolución alternativa no deben concebirse como sustitutivos de los procedimientos judiciales y no deben privar a consumidores o comerciantes de su derecho a recurso ante los órganos jurisdiccionales. La presente Directiva no debe impedir a las partes ejercer su derecho de acceso al sistema judicial. En los casos en que un litigio no pueda resolverse mediante un procedimiento de resolución alternativa determinado cuyo resultado no es vinculante, no debe impedirse a las partes que incoen a continuación un procedimiento judicial en relación con dicho litigio. Los Estados miembros deben poder elegir libremente los medios adecuados para lograr este objetivo. Deben contar con la posibilidad de establecer, entre otras disposiciones, que los plazos de caducidad o prescripción no venzan durante un procedimiento de resolución alternativa.

(46)

Para funcionar con eficacia, las entidades de resolución alternativa deben contar con suficientes recursos humanos, materiales y financieros. Los Estados miembros deben decidir sobre la forma adecuada de financiación de dichas entidades en su territorio, sin restringir la financiación de las entidades que ya estén en funcionamiento. La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de que tales entidades se financien de forma pública o privada, o a través de una combinación de financiación pública y privada. No obstante, debe alentarse a dichas entidades a que, en particular, tomen en consideración el recurso a formas de financiación privada, quedando la utilización de los fondos públicos a discreción de los Estados miembros. La presente Directiva no debe afectar a la posibilidad de que las organizaciones profesionales o las asociaciones empresariales financien tales entidades.

(47)

Cuando surge un conflicto, es necesario que los consumidores puedan identificar rápidamente qué entidades de resolución alternativa son competentes para tratar su reclamación y saber si el comerciante afectado participará o no en el procedimiento sometido a una entidad de resolución alternativa. Los comerciantes que se comprometan a recurrir a tales entidades para la resolución de litigios con los consumidores deben informar a los consumidores sobre la dirección del sitio web de la entidad o entidades de resolución alternativa que les amparen. La información se facilitará de forma clara, comprensible y fácilmente accesible en el sitio web del comerciante cuando exista y, en su caso, en las condiciones generales de los contratos de compraventa de mercancías o prestación de servicios entre el comerciante y los consumidores. Los comerciantes deben tener la posibilidad de incluir en sus sitios web, y en las condiciones generales del contrato de que se trate, cualquier información complementaria sobre sus procedimientos internos de tramitación de reclamaciones, o sobre cualesquiera otros modos de entrar en contacto directo con ellos con miras a la resolución de litigios con los consumidores sin remitirlos a una entidad de resolución alternativa. Si un litigio no puede resolverse de forma directa, el comerciante debe facilitar al consumidor, en papel o en cualquier otro soporte duradero, información sobre las entidades de resolución alternativa correspondientes y precisar si recurrirá a ellas.

(48)

La obligación de los comerciantes de informar a los consumidores acerca de las entidades de resolución alternativa que amparan a dichos comerciantes debe entenderse sin perjuicio de la obligación de información a los consumidores acerca de los procedimientos de recurso extrajudicial establecidos en otros actos jurídicos de la Unión que deban aplicarse además de la correspondiente obligación de información establecida en la presente Directiva.

(49)

La presente Directiva no debe exigir que la participación de los comerciantes en procedimientos de resolución alternativa sea obligatoria o que el resultado de dichos procedimientos sea vinculante para los comerciantes cuando un consumidor haya presentado una reclamación contra ellos. Sin embargo, con el fin de garantizar que los consumidores tienen una vía de recurso y que no se ven obligados a renunciar a sus reclamaciones, se debe alentar a los comerciantes, en la medida de lo posible, a que participen en procedimientos de resolución alternativa. Por lo tanto, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de cualquier norma nacional que haga obligatoria la participación de los comerciantes en dichos procedimientos, la incentive o sancione, o que les obligue a aceptar su resultado, siempre que dichas normas no impidan a las partes ejercer su derecho a acceder al sistema judicial, tal como establece el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(50)

Con objeto de evitar la imposición de una carga innecesaria a las entidades de resolución alternativa, los Estados miembros deben animar a los consumidores a ponerse en contacto con el comerciante para tratar de resolver el problema de manera bilateral antes de presentar una reclamación ante una entidad de resolución alternativa. En muchos casos, este modo de proceder permite a los consumidores resolver sus conflictos con rapidez y en una fase temprana.

(51)

Los Estados miembros deben implicar a los representantes de las organizaciones profesionales, de las asociaciones de empresarios y de las asociaciones de consumidores al desarrollar la resolución alternativa de litigios, especialmente por lo que respecta a los principios de imparcialidad e independencia.

(52)

Los Estados miembros deben velar por que las entidades de resolución alternativa cooperen en la resolución de los litigios transfronterizos.

(53)

Deben reforzarse en la Unión las redes de entidades de resolución alternativa, como la red FIN-NET de resolución alternativa de litigios en el ámbito de los servicios financieros. Los Estados miembros deben animar a dichas entidades a formar parte de dichas redes.

(54)

La cooperación estrecha entre las entidades de resolución alternativa y las autoridades nacionales debe reforzar la aplicación efectiva de los actos jurídicos de la Unión en materia de protección de los consumidores. La Comisión y los Estados miembros deben facilitar la cooperación entre dichas entidades, con miras a estimular el intercambio de buenas prácticas y conocimientos técnicos y a debatir los problemas que puedan surgir en el funcionamiento de los procedimientos de resolución alternativa. Debe respaldarse esta cooperación, entre otros medios a través del próximo Programa de Consumidores de la Unión.

(55)

A fin de garantizar que las entidades de resolución alternativa funcionen adecuada y eficazmente, deben ser objeto de un estrecho seguimiento. Para ello, cada Estado miembro debe designar una autoridad o autoridades competentes que realicen esa función. La Comisión y las autoridades competentes con arreglo a la presente Directiva deben publicar y actualizar una lista de entidades de resolución alternativa que cumplen la presente Directiva. Los Estados miembros deben velar por que las entidades de resolución alternativa, la red de Centros Europeos del Consumidor y, en su caso, los organismos designados de conformidad con la presente Directiva publiquen esa lista en su sitio de internet, junto con enlaces al sitio de internet de la Comisión, y siempre que sea posible en un soporte duradero en sus propios locales. Además, los Estados miembros también deben fomentar la publicación de la lista por las organizaciones de consumidores y las asociaciones de empresarios pertinentes. Los Estados miembros deben velar, igualmente, por la adecuada difusión de información sobre lo que deben hacer los consumidores en caso de controversia con un comerciante. Además, las autoridades competentes deben publicar informes periódicos sobre el desarrollo y el funcionamiento de las entidades de resolución alternativa en sus respectivos Estados miembros. Dichas entidades deben notificar a las autoridades competentes información específica en la que deben basarse esos informes. Los Estados miembros deben animar a las entidades de resolución alternativa a facilitar tal información utilizando la Recomendación 2010/304/UE de la Comisión, de 12 de mayo de 2010, sobre el uso de una metodología armonizada para la clasificación y notificación de las reclamaciones y consultas de los consumidores (11).

(56)

Es necesario que los Estados miembros establezcan normas relativas a las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas para dar cumplimiento a la presente Directiva y velen por que dichas normas se cumplan. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(57)

El Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la legislación de protección de los consumidores (Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores) (12), debe modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva en su anexo, a fin de reforzar la cooperación transfronteriza a la hora de hacer cumplir la presente Directiva.

(58)

La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (13) (Directiva relativa a las acciones de cesación), debe modificarse para incluir en su anexo una referencia a la presente Directiva, a fin de garantizar la protección de los intereses colectivos de los consumidores establecidos en esta Directiva.

(59)

De conformidad con la Declaración política conjunta de 28 de septiembre de 2011 de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (14), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(60)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, contribuir, a través de un alto nivel de protección de los consumidores y sin restringir el acceso de estos a los órganos jurisdiccionales, al buen funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(61)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, en concreto, en sus artículos 7, 8, 38 y 47.

(62)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (15), emitió dictamen el 12 de enero de 2012 (16).

a)

a los procedimientos ante entidades de resolución de litigios en que las personas físicas encargadas de resolver el litigio estén empleadas o sean retribuidas exclusivamente por el comerciante en cuestión, a menos que los Estados miembros decidan autorizar dichos procedimientos como procedimientos de resolución alternativa en el marco de la presente Directiva y se cumplan los requisitos establecidos en el capítulo II, incluidos los requisitos específicos de independencia y transparencia a que se refiere el artículo 6, apartado 3;

b)

a los procedimientos ante sistemas de tramitación de reclamaciones de los consumidores gestionados por el comerciante;

c)

a los servicios no económicos de interés general;

d)

a los litigios entre comerciantes;

e)

a la negociación directa entre el consumidor y el comerciante;

f)

a los intentos realizados por un juez para resolver un litigio en el marco de un procedimiento judicial relativo a dicho litigio;

g)

a los procedimientos iniciados por un comerciante contra un consumidor;

h)

a los servicios relacionados con la salud prestados por un profesional sanitario a pacientes para evaluar, mantener o restablecer su estado de salud, como la receta, dispensación y provisión de medicamentos y productos sanitarios;

i)

a los prestadores públicos de enseñanza complementaria o superior.

—

si es una persona física, allí donde tenga su lugar de actividad,

—

si es una empresa u otro tipo de persona jurídica o una asociación de personas físicas y jurídicas, allí donde tenga su domicilio social, su administración central o su lugar principal de actividad, incluida una sucursal, una agencia u otro tipo de establecimiento.

—

si está gestionada por una persona física, en el lugar donde esta realice actividades de resolución alternativa de litigios,

—

si está gestionada por una persona jurídica o una asociación de personas físicas o jurídicas, en el lugar donde dicha persona o asociación realice actividades de resolución alternativa de litigios o tenga su domicilio social,

—

si está gestionada por una autoridad u otro organismo público, en el lugar donde dicha autoridad u organismo tenga su sede.

a)

mantengan un sitio de internet actualizado que facilite a las partes un acceso sencillo a la información relativa al procedimiento de resolución alternativa y permita además a los consumidores presentar en línea una reclamación junto con los documentos justificativos necesarios;

b)

faciliten a las partes, cuando lo soliciten, la información a que se refiere la letra a) en un soporte duradero;

c)

cuando proceda, permitan al consumidor presentar una reclamación fuera de línea;

d)

hagan posible el intercambio de información entre las partes por vía electrónica o, si procede, por correo;

e)

acepten tanto los litigios nacionales como transfronterizos, incluidos los litigios cubiertos por el Reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo (Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo), y

f)

cuando traten litigios cubiertos por la presente Directiva, adopten las medidas necesarias para asegurar que el tratamiento de datos personales cumpla las normas sobre protección de datos personales establecidas en la legislación nacional del Estado, por la que se aplica la Directiva 95/46/CE en el Estado miembro en el que esté establecida la entidad de resolución alternativa.

a)

que el consumidor no haya tratado de ponerse en contacto con el comerciante de que se trate en relación con su reclamación para intentar, como primer paso, resolver el asunto directamente con el comerciante;

b)

que el litigio sea frívolo o vejatorio;

c)

que otra entidad de resolución alternativa o un órgano jurisdiccional estén examinando o hayan examinado en ese litigio;

d)

que el valor de la reclamación sea inferior a un umbral monetario preestablecido;

e)

que el consumidor no haya presentado la reclamación ante la entidad de resolución alternativa dentro de un plazo preestablecido, que no será inferior a un año desde la fecha en que el consumidor haya presentado su reclamación al comerciante;

f)

que la tramitación del tipo de litigio en cuestión pudiera comprometer gravemente por otros motivos el funcionamiento de la entidad de resolución alternativa.

a)

estén en posesión de los conocimientos y las competencias necesarios en el ámbito de la resolución alternativa o judicial de litigios con consumidores, así como de un conocimiento general suficiente del Derecho;

b)

sean nombradas para un mandato de duración suficiente para garantizar la independencia de sus actos y no puedan ser relevadas de sus tareas sin causa justificada;

c)

no reciban instrucciones de ninguna de las partes ni de sus representantes;

d)

reciban su retribución de un modo que no guarde relación con el resultado del procedimiento;

e)

revelen sin dilación indebida a la entidad de resolución alternativa, en su caso, las circunstancias que puedan afectar —o pueda considerarse que afectan— a su independencia o imparcialidad o dan lugar a un conflicto de intereses con cualquiera de las partes en el litigio que deban resolver. La obligación de revelar tales circunstancias seguirá existiendo a lo largo de todo el procedimiento de resolución alternativa. No se aplicará en caso de que la entidad de resolución alternativa esté compuesta por una sola persona física.

a)

se sustituya a la persona física en cuestión por otra persona física a la que se confíe la realización del procedimiento de resolución alternativa; o, en su defecto,

b)

la persona física de que se trate se abstenga de realizar el procedimiento de resolución alternativa y, en lo posible, la entidad de resolución alternativa proponga a las partes que planteen el litigio ante otra entidad de resolución alternativa que sea competente para ocuparse del litigio; o, en su defecto,

c)

se revelen las circunstancias a las partes y se permita a la persona física de que se trate seguir realizando el procedimiento de resolución alternativa únicamente si las partes no han presentado objeciones tras haber sido informadas de las circunstancias y de su derecho a presentar objeciones.

a)

que las personas físicas encargadas de la resolución de litigios sean nombradas por un órgano colegiado compuesto por igual número de representantes de las organizaciones de consumidores y de representantes del comerciante, o formen parte de dicho órgano, y su designación se haga por un procedimiento transparente;

b)

que las personas físicas encargadas de la resolución de litigios dispongan de un mandato mínimo de tres años para garantizar la independencia de sus actos;

c)

que las personas físicas encargadas de la resolución de litigios se comprometan a no trabajar para el comerciante ni para una organización profesional o una asociación empresarial de la que sea miembro el comerciante por un período de tres años posterior al término de su actuación en el procedimiento de resolución del litigio;

d)

que la entidad de resolución de litigios no tenga ningún vínculo jerárquico ni funcional con el comerciante y esté claramente separada de las entidades operativas del comerciante, y disponga, para el cumplimiento de sus funciones, de un presupuesto suficiente que sea independiente del presupuesto general del comerciante.

a)

las señas, entre ellas la dirección postal y la dirección de correo electrónico;

b)

el hecho de estar incluidas en la lista a tenor del artículo 20, apartado 2;

c)

las personas físicas encargadas de la resolución alternativa de litigios, el método utilizado para su nombramiento y la duración de su mandato;

d)

los conocimientos especializados, la imparcialidad y la independencia de las personas físicas encargadas de la resolución alternativa de litigios, en caso de que estén empleadas o sean retribuidas exclusivamente por el comerciante;

e)

su participación en redes de entidades de resolución alternativa que facilitan la resolución de litigios transfronterizos, si procede;

f)

los tipos de litigios que entran dentro de su competencia, con inclusión, en su caso, del posible umbral aplicable;

g)

las normas de procedimiento por las que se rige la resolución de un litigio y los motivos por los cuales la entidad de resolución alternativa puede negarse a tratar en un determinado litigio de conformidad con el artículo 5, apartado 4;

h)

las lenguas en las que pueden presentarse las reclamaciones a una entidad de resolución alternativa y en las que se desarrolla el procedimiento de resolución alternativa;

i)

los tipos de normas que puede utilizar la entidad de resolución alternativa como base para la resolución del litigio (por ejemplo, normas jurídicas, consideraciones de equidad, códigos de conducta);

j)

todo requisito preliminar que las partes deben cumplir antes de que pueda iniciarse un procedimiento de resolución alternativa, incluido el requisito de que el consumidor intente resolver el asunto directamente con el comerciante;

k)

si las partes pueden o no retirarse del procedimiento;

l)

los posibles costes que deberán asumir las partes, incluidas en su caso las normas para la atribución de las costas al final del procedimiento;

m)

la duración media del procedimiento de resolución alternativa;

n)

el efecto jurídico del resultado del procedimiento de resolución alternativa, incluidas las sanciones por incumplimiento en caso de decisión con efecto vinculante para las partes, si procede;

o)

la fuerza ejecutiva de la decisión de resolución alternativa de litigios, si procede.

a)

el número de litigios recibidos y los tipos de reclamaciones con los que están relacionados;

b)

los problemas sistemáticos o significativos que ocurran con frecuencia y den lugar a litigios entre consumidores y comerciantes; esta información podrá ir acompañada de recomendaciones acerca del modo de evitar o resolver tales problemas en el futuro, con objeto de mejorar las pautas de actuación de los comerciantes y de facilitar el intercambio de información y de buenas prácticas;

c)

la proporción de litigios que la entidad de resolución alternativa se ha negado a tratar y porcentualmente los tipos de motivos de tal negativa a que se refiere el artículo 5, apartado 4;

d)

respecto de los procedimientos contemplados en el artículo 2, apartado 2, letra a), el porcentaje de resoluciones que se hayan propuesto o impuesto a favor del consumidor, a favor del comerciante o mediante una solución amistosa;

e)

el porcentaje de procedimientos de resolución de litigios que se interrumpieron y, cuando se conozcan, los motivos de su interrupción;

f)

la duración media de la resolución de los litigios;

g)

la proporción de cumplimiento de los resultados de los procedimientos de resolución alternativa, si se conoce;