Los tribunales apuntalan la competencia metropolitana del agua en el área de BCN en detrimento de los ayuntamientos

La competencia sobre la gestión del agua en las ciudades del área metropolitana de Barcelona, la capital incluida, fue de los ayuntamientos hasta octubre del 2020. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sentenció entonces que la competencia correspondía en realidad al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como administración, que pasaba de ejercer una coordinación instrumental del servicio a directamente relevar a los consistorios como titular. Una soberanía que permite, por ejemplo, regular el precio de la factura del agua.

El cambio fue de calado porque situaba a los 36 municipios del AMB, Barcelona incluida, bajo la soberanía de la administración supramunicipal, con el correlativo protagonismo de ABEMCIA (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A), la empresa mixta participada en un 85% por capital privado (70% Aigües de Barcelona y 15% Criteria Caixabank) y en el 15% restante por el propio AMB.

La gestión del agua en Sant Cugat y otras 12 ciudades del área de Barcelona lleva tres años en un limbo

Aquella sentencia del TSJC decretó la nulidad de un artículo del Reglamento del servicio metropolitano del ciclo del agua, una de las normas que regulan el servicio. Durante los últimos años, sin embargo, se han sucedido otras sentencias judiciales que apuntalan la competencia metropolitana sobre el agua en detrimento de los ayuntamientos, la última de las cuales fue publicada este pasado mes de abril.

En este caso, lo que hace el TSJC es decretar la nulidad, a petición de las empresas ABEMCIA y Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A, de un inciso normativo que protegía la competencia de los consistorios pero que consta en otra norma vigente, concretamente la Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, aplicable a la tarifa del agua. Es relevante que dicho inciso a favor de los consistorios se incluyera en la normativa a petición del Ayuntamiento del Prat, de histórica alcaldía de los Comuns, ahora liderada por el alcalde y diputado Lluís Mijoler.

La disposición adicional primera de esta ordenanza prevé que el reglamento metropolitano del agua será aplicable "sin perjuicio de las ordenanzas que en esta materia aprueben los ayuntamientos respectivos". Es precisamente este inciso el que declara nulo el TSJC por contravenir su sentencia de octubre del 2020 que quitaba la potestad sobre la gestión del agua a los consistorios.

Además de esta última resolución judicial, consta otra en exactamente los mismos términos que fue publicada a finales del 2022. En este otro caso, el recurrente cuya petición fue asimismo estimada parcialmente fue la empresa Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A, una de las suministradoras de agua en el área metropolitana de Barcelona que ha prestado servicio hasta la fecha en Sant Cugat del Vallès, Ripollet o Corbera de Llobregat.

Implicaciones políticas de la competencia del agua

El complejo encaje competencial de la gestión del agua en el área de Barcelona permite contextualizar el actual proceso de traspaso de competencias al AMB a cargo de ayuntamientos con concesiones caducadas y en un limbo. Este desarrollo afecta por el momento a Molins de Rei; Ripollet; Sant Cugat del Vallès; Cervelló; Corbera de Llobregat; la Palma de Cervelló, Tiana; y Sant Andreu de la Barca.

La gestión del agua de Sant Cugat y otras 5 ciudades del área de BCN también será metropolitana

A su vez, el encaje competencial también tiene implicaciones políticas, que dieron un vuelco tras las elecciones municipales de mayo del pasado 2023. Primero, porque la presidencia del AMB pasó de estar en manos de Ada Colau (Comuns) a ser de Jaume Collboni (PSC), con el consiguiente cambio en el área de Ecología: mientras antes la lideraba Eloi Badia (Comuns), del equipo de Colau, desde las municipales se segregó una nueva vicepresidencia de Ciclo del Agua con liderazgo socialista (Belén García, alcaldesa de Sant Joan Despí), mientras que los Comuns se responsabilizan de una vicepresidencia de Acción Climática (Janet Sanz, portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Barcelona) que no contempla ya competencias en la gestión del agua.

Este cambio político fue clave porque, mientras los Comuns abogaban por las municipalizaciones del servicio del agua en las ciudades (de hecho, bajo la presidencia de Colau se impulsaron los cambios normativos en pro de la competencia de los consistorios que posteriormente el TSJC tumbó), el actual AMB, con gobierno cuatricolor (PSC, Junts, Comuns y ERC) pero con mayoría absoluta socialista, no está por la labor de abrirse a más municipalizaciones de las que ya operan (en El Prat, por ejemplo), ya que consideran que el modelo de la empresa mixta ABEMCIA funciona.

Muestra de este contraste de visiones políticas es que, tras los desencuentros en una comisión que se creó en el anterior mandato para estudiar el modelo de gestión del agua más eficiente para estas 13 ciudades, en abril del 2023, el Consell Metropolità del AMB -todavía bajo la presidencia de Colau- licitó la redacción de dos informes de viabilidad, uno para una potencial empresa pública y otro para una posible sociedad mixta metropolitana basada en el 'modelo ABEMCIA'.

Sin embargo, en junio del 2023, justo después de las elecciones municipales, el mencionado proceso de licitación quedó desierto. Desde la anterior vicepresidencia metropolitana de Ecologia, liderada por los Comuns, sí se llegó a confeccionar un estudio interno que concluía que "las dos formas de gestión [directa e indirecta] son viables; no obstante, la gestión directa es más flexible y genera menos conflicto de intereses", pese a que no llegó a discutirse ni aprobarse en el Consell Metropolità del AMB.

Por último, también han sido clave los cambios de color político en algunos consistorios. Ripollet es el ejemplo paradigmático: mientras que ahora, con alcaldía socialista desde mayo del 2023 (Luis Tirado), traspasa su competencia al AMB, en el anterior mandato (con alcaldía de José María Osuna, de la candidatura municipalista Decidim Ripollet) fue uno de los ayuntamientos más beligerantes en favor de la municipalización del servicio del agua y contrario a la gestión a través de una empresa mixta, hasta el punto de que el anterior Gobierno municipal llegó a denunciar públicamente, con anuncio de demanda judicial incluida, que el AMB "bloqueaba" la municipalización.

Suscríbete para seguir leyendo